MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) contabilizó 338 acciones represivas contra la población civil durante el pasado mes de julio.
Una nota de prensa publicada por esa organización indica que del total de eventos registrados, 90 fueron algún tipo de detención y 248 otros abusos.
Los principales abusos se cometieron contra presos políticos (68). Asimismo, ocurrieron 113 retenciones de activistas en sus viviendas.
Según la organización no gubernamental, también se registraron amenazas, citaciones, agresiones, multas y prohibiciones de viaje al exterior.
De igual forma, el OCDH recibió denuncias sobre al menos 43 casos de personas que viven en la extrema pobreza, en su mayoría adultos mayores y enfermos crónicos, y que no reciben atención efectiva por parte de las autoridades.
“Como viene siendo habitual, las autoridades cubanas continúan su política de represión contra la ciudadanía, sin el más mínimo cambio y sin atender las peticiones de liberación de presos políticos cursadas por el Vaticano, Estados Unidos y el Parlamento Europeo”, señala el documento.
Las 338 acciones represivas de julio superaron en 47 las registradas en junio.
Recientemente, la organización Cubalex denunció cómo el régimen cubano no solo reprime, sino también utiliza el sistema judicial de la Isla para hacer valer sus intereses políticos.
En su informe Protección penal del orden constitucional en Cuba, Cubalex revela cómo el derecho penal ha sido utilizado como una herramienta de control y represión del poder.
El documento menciona, además, la tendencia a utilizar el término “contrarrevolucionario” para desconocer a las personas privadas de libertad por motivos políticos, enfatizando que para el grupo en el poder, este término incluye “a todas aquellas personas que no cumplieran o estuvieran en desacuerdo con sus decisiones políticas o económicas”.
La publicación del informe constituyó un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación en la Isla y se busquen medidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.
