LA HABANA, Cuba. – En recientes declaraciones formuladas al periódico Granma, la ministra de Comercio Interior (MINCIN), Betsy Díaz Velázquez, habló acerca del comercio electrónico que su organismo trata de impulsar en nuestra sociedad.
Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores en que trató el tema, ya no se circunscribió a exhortar a la población a que utilice cada vez más los mecanismos electrónicos de pago, ni a recomendarles a los empleados de los establecimientos comerciales que se esfuercen para dotar a sus instituciones de las pasarelas de pago que garanticen el comercio electrónico. Ahora la funcionaria mencionó medidas que entrarán en vigor próximamente, y que serán de obligatorio cumplimiento en todas las modalidades del comercio, tanto estatal como no estatal. Algo así como un ultimátum lanzado a los cubanos.
En un lapso de seis meses, todos los establecimientos comerciales deberán tener las condiciones para que los clientes se acojan al pago electrónico, y transcurrido ese tiempo serán cerrados los establecimientos que no cumplan con lo anterior.
Asimismo, se informó de un grupo de actividades estatales que a partir del segundo semestre del actual 2023 solo admitirán pagos electrónicos. Entre ellas están la venta de materiales de la construcción y combustibles, los servicios en cabarets y centros nocturnos, la venta de entradas en centros culturales e instalaciones deportivas, las reservaciones de medios de transporte, así como los servicios de agua, electricidad, telefonía y gas.
Llegado a este punto se impone una interrogante: ¿Acaso estamos en presencia de un esfuerzo modernizador por parte del Gobierno para ponerse a tono con estos tiempos?
Si así fuera, podría haberse otorgado un período mayor de tiempo para la puesta en vigor con carácter obligatorio de los referidos pagos electrónicos. Nos parece que seis meses no serán suficientes para crear las condiciones necesarias para ello.
La maquinaria del poder ha querido, con la implementación del comercio electrónico, resolver con premura dos problemas que las autoridades parecen incapaces de afrontar con éxito. En primer término la aguda escasez de dinero en efectivo que se observa en los bancos. Abundan las quejas de personas que, tras varias horas de cola en una agencia bancaria, solo han podido extraer una mínima cantidad de efectivo. Se está perdiendo la confianza en el sistema bancario del país. Los cubanos prefieren tener el dinero en sus casas antes que depositarlo en una institución que nadie sabe cómo actuará el día de mañana.
Por otra parte, el castrismo busca desesperadamente eliminar o atenuar la cadena de impagos que asola a la economía. Hay muchas cuentas por pagar y cobrar con saldos vencidos que ya parecen sin solución. Una de las causas de esta anomalía se relaciona con que los empleados de muchos establecimientos estatales no depositan en los bancos el dinero recaudado por su gestión productiva o de servicios. Después no les pueden pagar a sus suministradores, y ahí comienza la cadena de impagos entre entidades.
Entonces, eliminando el efectivo, el Gobierno espera resolver el problema. Sin embargo, está por verse si de esa manera se podrá contener un mal que ni Gladys Bejerano con su tropa de la Contraloría General de la República, ni los auditores internos de los establecimientos, con sus multas y sanciones, han logrado erradicar.
En otro orden de cosas, resulta preocupante que las autoridades apuesten por generalizar el empleo de mecanismos cuyos parientes hasta el momento no han dado los resultados esperados. Los fallos presentados por la red de cajeros automáticos, y los múltiples desaguisados exhibidos por el sistema de compras por medios digitales en determinados centros comerciales son solo dos ejemplos de la hecatombe que nos pudiera venir encima.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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