LA HABANA, Cuba.- Al menos 39 ciudadanos cubanos menores de 21 años se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio (11J) de 2021, destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en denuncia presentada este lunes ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Asimismo, mediante el informe la organización detalló que se hallan “en estado de indefensión” 107 menores, adolescentes y jóvenes “que han enfrentado y/o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de derechos”; otras decenas “esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel, habida cuenta todas las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas bajo el brutal sistema de presión y de coacción implantado por fuerzas de la Seguridad del Estado”.
Entre los casos registrados, el OCDH resalta los casos de 43 menores de edad contra los cuales se documentaron acciones policiales tras el 11J: un menor de 14 años, tres menores de 15 años, 10 menores de 16 años, y 29 menores de 17 años de edad. Del total, 36 son niños y siete son niñas. Hasta el 9 de diciembre de 2021, 14 de estos 43 se hallaban bajo medida cautelar de prisión provisional y en espera de juicio.
La organización indica igualmente que al menos seis menores, de apenas 15 años, es decir, sin contar con la edad de responsabilidad penal establecida en las leyes cubanas (16 años), fueron sancionados con medidas de internamiento.
Gran parte de los encarcelados está expuesto, además, “a situaciones de violencia y abuso de poder policial/judicial que les puede afectar, a corto y a largo plazo, el correcto desarrollo físico y cognitivo, repercutiendo en sus capacidades para el aprendizaje y la socialización e influenciando negativamente en su transición hacia la vida sana adulta por entrar en conflictos con el discriminante sistema legal y sistemas de instituciones que promocionan su rechazo social, la violación de sus derechos, el desarraigo laboral/profesional y la impunidad”, señalan en el documento.
El OCDH indica como presuntos responsables directos del incumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales presentados en la denuncia a: Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y primer secretario del PCC; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro. De igual forma, como presuntos responsables indirectos apuntan a: General de División Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
Presentada la denuncia y debido al “universo, contenido, la naturaleza de las víctimas y actualidad de los efectos dañosos a causa del tipo de represión que se demuestra”, el OCDH ruega que se inicien los procedimientos especiales correspondientes.
Igualmente, teniendo en cuenta “la magnitud preocupante del fenómeno represivo descrito”, el OCDH refiere que “la protección no debe quedar solo en el ámbito de los pronunciamientos” de las instituciones en cuestión.
“En ningún caso de los amenazados de prisión se interesan medidas sustitutivas. Y en todos los casos de presos, entre ellos Brandon David Becerra Curbelo (17 años de edad) y Jonathan Torres Farrat (17 años de edad) se califican como presos por consideraciones políticas, siendo susceptibles de protección”, afirman al finalizar el documento.
Según Prisoners Defenders, tras el 11J resultaron detenidos entre cinco mil y ocho mil personas; actualmente, la organización ha podido registrar 842 presos políticos, la mayoría de ellos a raíz del 11J.
Al menos cuatro menores de 18 años serán sometidos esta semana a juicio en la provincia de Holguín, otros cuatro tienen 18 años cumplidos; todos están siendo acusados por el delito de “sedición” y sus peticiones fiscales son de 15 y 18 años. También en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, está siendo enjuiciado un joven de 19 años de edad.
Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J registra actualmente a tres niños, de 12, 13 y 14 años respectivamente, cumpliendo sanción administrativa de un año de internamiento en el centro de detención de menores llamado Escuela de Formación Integral de Matanzas, por su participación en las protestas del 11J en Cárdenas. El grupo denunció la inseguridad de las cárceles cubanas al narrar los casos de dos de los manifestantes del 11J, ambos de 20 años de edad; se trata de William Manuel Leyva Pupo, quien fuera violentado por sus carceleros la semana pasada, y de Dariel Cruz García, quien fuera apuñalado dos veces en la cárcel Jóvenes de Occidente.
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