MIAMI, Estados Unidos. – El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Cubalex y Justicia 11J emitieron una declaración, este lunes, sobre la situación de los presos políticos cubanos.
En el documento, las tres organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la privación de libertad como forma de castigo por ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación, así como la expatriación forzada son prácticas denunciables que el Estado cubano ha utilizado “reiteradamente para obtener ventajas en procesos de negociación política, diplomática y económica, y como método para ejercer control social y desmovilizar a la sociedad civil”.
Dada la reciente excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua y su inmediata deportación a Estados Unidos, las tres ONG consideraron que ante una eventual negociación entre gobiernos para la liberación de los presos políticos cubanos debe tratarse estrictamente de “un proceso de valor humanitario” pues “ningún ciudadano debe ser privado de su libertad por ejercer su derecho a expresarse y manifestarse” y, por tanto, su excarcelación “debería ser inmediata”.
“Señalamos que la salida forzosa del país como condición para la liberación o excarcelación de los presos políticos es una violación del derecho a la libre circulación (…). Ninguna persona, mucho menos en las condiciones inhumanas de privación de la libertad en las cárceles cubanas, puede ser obligada a abandonar el país como condición para lograr su excarcelación o liberación definitiva. Quien negocie con el Estado cubano debería solicitar garantías de que la persona privada de su libertad tomará la decisión de salir del país sin presiones de los órganos de la Seguridad del Estado. La presión en estos casos es una forma de expatriación forzada”, aseguraron las tres organizaciones.
Asimismo, consideraron que “se debe priorizar la participación de las personas privadas de la libertad y sus familiares en el proceso de negociación de la salida. Las víctimas deben estar en el centro de la negociación. Serían además necesarias ciertas garantías mínimas para quienes decidan libre y voluntariamente salir del país, como facilidades en el proceso de reubicación para acceder a la legalización de su estatus migratorio y acceso a servicios de rehabilitación”.
Finalmente, propusieron “que las excarcelaciones y posteriores deportaciones que no tengan en cuenta las garantías mencionadas para las víctimas sean objeto de cuestionamiento de organismos defensores de derechos humanos y gobiernos democráticos, sean parte o no del proceso de negociación”.
“Nos oponemos a pronunciamientos laudatorios como los emitidos por el Departamento de Estado de EE. UU., en los que se presenta un hecho violatorio de derechos humanos como ‘pasos positivos’ para la consolidación de las relaciones entre países y el camino a la democracia”, aseveraron.
Las protestas de 2021 y 2022 dejaron un saldo de 768 manifestantes detenidos.
“Las organizaciones firmantes hemos acompañado a las víctimas de represión del Estado cubano, incluidas las apresadas a raíz de las protestas de los últimos dos años. Recibimos con esperanza la idea de que sean excarceladas, bajo cualquiera de las formas posibles. A la vez, alertamos que las causas de este malestar ciudadano, así como de su represión ―reforzada por el nuevo Código Penal― se mantienen vigentes. La espiral de violencia, resistencia y castigo no cesará hasta que rija en Cuba un Estado Democrático de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos”, concluye el comunicado.
