MIAMI, Estados Unidos. – Unas 745 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio desde la aprobación en referéndum popular del Código de las Familias hace seis meses, de acuerdo con un reporte del periódico oficial Trabajadores.
Según Olga Lidia Pérez Díaz, directora de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia (MINJUS), hasta el cierre de marzo se habían celebrado 462 matrimonios entre parejas de hombres y 283 entre mujeres. Además, se oficializaron 35 uniones de hecho afectivas de personas del mismo sexo.
Por su parte, la viceministra de Justicia de Cuba, Alicia Varona Estrada, declaró a Trabajadores que la aplicación del nuevo Código de las Familias ha transcurrido “sin incidencias negativas”, según revelan los intercambios semanales, mediante videoconferencia, con los directores provinciales de Justicia, subdirectores y jefes de departamento de Notarías y Registros de sus direcciones provinciales.
Durante la apertura del XV Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2023 y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, en marzo de este año, el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera Martínez, calificó al Código de las Familias como “una obra jurídica sin igual en el mundo, con un elevado contenido humano, protector de los derechos y garantías para todos”.
El Código de las Familias, la única de las leyes incluidas en el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) hasta 2028 sometida a consulta y referéndum populares, generó una avalancha de críticas por someter a votación de la mayoría los derechos de las personas LGBTIQ.
En el plebiscito, celebrado en septiembre de 2022, se registró el 25,88% de abstención, una cifra histórica desde la instauración del régimen cubano. La ley fue refrendada por menos del 70% de los cubanos.
El Código de las Familias también recibió críticas por el cambio del concepto de “patria potestad” al de “responsabilidad parental”; por el traslado de las responsabilidades del Estado con las personas vulnerables a los ciudadanos y las familias; y por no mencionar los derechos de las personas trans.
Antes de su aprobación, el Código de las Familias generó encendidos debates al interior de la sociedad civil, así como la oposición mayoritaria de la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes presentes en la Isla.
Por su parte, los medios oficiales cubanos desplegaron una campaña que fue calificada como una “operación de pinkwashing” por la activista Yasmín Portales Machado.
“El Código no es un regalo para la comunidad LGBTQ de Cuba, sino una renovación del marco legal para todas las personas (…). El impacto que podrían tener estas nuevas normas va más allá de lo que considero el derecho irrenunciable de la gente a casarse con quien quiera”, dijo Portales Machado antes de la votación de la norma jurídica.
