MIAMI, Estados Unidos. — El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (R-F) denunció la persecución del régimen castrista contra el ex preso político Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos (ASIC).
El activista, quien fuera uno de los integrantes del llamado Grupo de los 75, enfrenta una acusación por el supuesto delito de “mercenarismo”, un cargo que lo podría llevar a prisión por segunda vez.
Al respecto, Díaz-Balart dejó claro que se trata de un ajuste de cuentas por parte del régimen de Díaz-Canel, que buscaría condenara a Carrillo por causa de su activismo en favor de los presos del 11 de julio.
“El régimen cubano continúa persiguiendo a Iván Hernández Carrillo por su activismo y demandas por los derechos humanos básicos. Esta vez, el régimen lo está castigando por incluir a los arrestados en el número 11J y registrar los abusos. Debemos estar con Iván y con todos los que reclaman libertad en Cuba”, destacó el legislador vía Twitter.
Esta mañana, el caso de Carrillo fue denunciado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos (DRL), que advirtió que el activista podría recibir una condena de entre 10 y 20 años por el delito del que ha sido acusado.
“Cuba está amenazando al activista de derechos laborales Iván Hernández Carrillo con mercenarismo, una herramienta legal falsa utilizada para silenciar la disidencia y que conlleva penas de 10 a 20 años de cárcel, o incluso la muerte. Estamos con Iván y con todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos”.
El pasado 30 de noviembre, Hernández Carrillo fue obligado a comparecer ante la policía política en el municipio matancero de Colón, territorio donde reside. Allí fue notificado de una acusación de “mercenarismo”.
Según testimonios ofrecidos por el activista a diferentes medios de prensa, durante el interrogatorio Carrillo fue informado de que se le le iniciaría un proceso investigativo por recopilar información sobre los manifestantes del 11 de julio encarcelados.
“Me comunicaron que se me acusaba de un presunto delito de ‘mercenarismo’ por estar confeccionando una lista de prisioneros políticos vinculados a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Agregaron que a través de esa lista estaba entrelazando a los familiares de estos muchachos con organizaciones del exilio que los están ayudando con alimentos y medicinas, algo totalmente humanitario, y me insistieron en que, de continuar haciendo esa labor, sería procesado por los tribunales”, relató el opositor a Radio Televisión Martí.
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