MIAMI, Estados Unidos. — Los líderes opositores venezolanos inhabilitados por el régimen chavista para ocupar cargos políticos podrían presentarse en las elecciones presidenciales de 2024 gracias a la presión ejercida por Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo informó este viernes el diario español El País, que da cuenta de acercamientos entre las partes para desbloquear el veto político sobre figuras como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Los mediadores noruegos, que ya facilitaron el último acercamiento en las conversaciones que se celebran en Barbados, anunciaron ayer que los líderes venezolanos inhabilitados que busquen presentarse en las próximas elecciones presidenciales podrán pedir la revisión de sus casos ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente controlado por el régimen chavista.
El posible acuerdo, denominado “mecanismo”, busca brindar garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024. Según un comunicado emitido por los garantes noruegos al finalizar noviembre, las partes acordaron buscar la revisión de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República a personas que aspiran a candidaturas en 2024.
El procedimiento permitiría a los afectados presentar un recurso contencioso-administrativo con amparo hasta el 15 de diciembre. La Sala Político Administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, siguiendo principios de celeridad y eficacia constitucionales.
No obstante, el documento advierte abstenerse de conceptos ofensivos hacia las instituciones del Estado en la demanda y declaraciones públicas.
Aunque la apertura gubernamental no es definitiva, representa un levantamiento del veto considerado inconstitucional. Aunque Machado no confirmó si recurrirá a la justicia venezolana, previamente afirmó no haber recibido documento oficial de inhabilitación, aunque el Supremo ratificó su imposibilidad y suspendió el proceso de primarias en octubre.
Este paso esperado desde los acuerdos de Barbados en octubre representa un levantamiento del veto y la posibilidad de revisar inhabilitaciones. A pesar de la liberación de cinco presos políticos el mes pasado, más de 270 reclusos de conciencia aún permanecen en cárceles venezolanas.
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