MIAMI, Estados Unidos. – La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, dijo este viernes a CubaNet que, tanto su organización como Race and Equality y Justicia 11J denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los patrones represivos practicados por el Gobierno cubano contra la población de la Isla.
De acuerdo con la jurista, durante su participación en la más reciente audiencia ante la CIDH, celebrada el 9 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, las tres organizaciones expusieron y denunciaron el exilio forzoso de activistas y periodistas cubanos y las restricciones a la movilidad interna impuestas por el régimen de la Isla a ciudadanos críticos.
En entrevista con CubaNet, Diversent las definió como “prácticas del Estado para desarticular grupos y movimientos de derechos humanos que se están desarrollando en la Isla”.
Asimismo, las tres organizaciones llamaron la atención de los comisionados acerca del fenómeno de las migraciones en la región.
“Más de 300 000 cubanos dejaron la Isla en 2022, el 3% de la población. Tratamos de que [los comisionados] vieran que se trata de un patrón que está ocurriendo en Cuba y que se ha visto repetido en la historia [de Cuba] al menos tres veces ―también se está repitiendo en Venezuela y Nicaragua”, aseguró la abogada.
“Es meritorio que la Comisión estudie esto porque ya estamos viendo un patrón en regímenes dictatoriales que utilizan la migración para poder controlar sus conflictos internos, como sucedió en Cuba con la protesta del 11J”, añadió Diversent.
“Si bien [las autoridades] no pudieron abrir fronteras como en el 94 y el 80 por los acuerdos migratorios con Estados Unidos, sí han facilitado que miles de personas se vayan del país”, apuntó.
En la audiencia, Cubalex, Race and Equality y Justicia 11J también denunciaron las prohibiciones de entrada a la Isla a residentes cubanos; específicamente aludieron a los casos de la activista Anamely Ramos, la profesora Omara Ruiz Urquiola y el periodista Carlos Manuel Álvarez, a quienes el régimen de la Isla ha impedido regresar violando protocolos internacionales.
Asimismo, señalaron la responsabilidad de las líneas aéreas que participan en la “expatriación forzosa de ciudadanos cubanos”.
“Las aerolíenas justifican que tienen unos acuerdos con el Gobierno cubano, pero insistimos en que esos acuerdos no pueden violar derechos humanos y, por tanto, también estamos haciendo responsables a las aerolíneas de impedir el derecho a la libre circulación”, dijo Diversent.
Con respecto a la pertinencia de solicitar y celebrar audiencias ante la CIDH, aunque el Estado cubano no acuda a las sesiones, la abogada consideró que la sociedad civil de la Isla no debe abandonar estos espacios.
“En primer lugar ―explica― porque hay que educar a los comisionados, hay que informarlos sobre la situación de los derechos humanos en la Isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de prestigio dentro de la región y es importante que se conozca la situación de Cuba”, aseveró.
