MADRID, España.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación en Cuba a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
El nuevo Código Penal cubano, aprobado este 15 de mayo por la Asamblea Nacional, “mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de sedición y contra el orden constitucional y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte”, denunció la CIDH a través de Twitter.
#Cuba 🇨🇺Ante la aprobación del nuevo Código Penal el #15MAY, #CIDH y @RELE_CIDH expresan preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación. pic.twitter.com/ZFtBbEQ56L
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 20, 2022
La Comisión destacó también que la nueva legislación incluye un tipo penal que criminalizaría el financiamiento de organizaciones y periodistas críticos al estado y su orden constitucional.
Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, condenó que “mediante tipificaciones ambiguas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla”.
Como Relator de la @CIDH para #Cuba manifiesto mi preocupación por el nuevo Código Penal, ante las múltiples denuncias que mediante tipificaciones ambigüas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla. https://t.co/pnREwyw9dp
— Stuardo Ralón (@StuardoRalon) May 20, 2022
Distintas organizaciones han reaccionado al Código Penal
Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al nuevo Código Penal cubano por tener “elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes”.
“Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar”, denunció la SIP.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se refirió a cómo el Código Penal “criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la Isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”.
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