MIAMI, Estados Unidos.- Una jueza federal de Miami falló este martes contra cuatro importantes líneas de cruceros con vínculos en el sur de Florida (Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises) por participar en “actividades turísticas prohibidas” y “de tráfico” al transportar pasajeros a Cuba y beneficiarse del uso de las instalaciones portuarias de La Habana confiscadas por el gobierno de Fidel Castro.
De acuerdo a la información, publicada por el diario El Nuevo Herald, el caso, la primera decisión de este tipo que podría afectar a demandas similares, ahora irá a un juicio con jurado programado para mayo. En esa audiencia se decidirán los daños que deben pagar las líneas de cruceros.
“Al utilizar la Terminal y uno de sus muelles de diversas maneras, Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian cometieron actos de tráfico”, dijo la jueza federal Beth Bloom, cuyo fallo fue a favor de Havana Docks, una empresa que tenía una concesión para operar el puerto de La Habana.
Los viajes de los cruceros a Cuba “constituían actividades turísticas”, dijo Bloom, y no actividades adecuadas para promover los contactos entre los pueblos. Pagaron además “millones de dólares al gobierno cubano para realizar viajes inadmisibles”, agregó.
De acuerdo a registros judiciales, citados por el Herald, las empresas obtuvieron al menos 1 100 millones de dólares en ingresos y pagaron 138 millones de dólares a entidades gubernamentales cubanas.
La sentencia de Bloom asegura que luego de la autorización del gobierno estadounidense para “brindar servicios de transporte por barcos”, que permitió que los cruceros pudieran viajaran a Cuba durante el deshielo iniciado por la Administración de Barack Obama, estas cuatro compañías no siguieron las regulaciones y leyes que hacen cumplir el embargo a Cuba, y se aventuraron a la isla.
Las líneas de cruceros solo podían transportar a los estadounidenses bajo 12 categorías legales, y las actividades turísticas estaban prohibidas por ley y por las Regulaciones de Control de Activos Cubanos administradas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Todo eso, dijo la jueza, se incumplió.
“Las cuatro empresas contrataron agencias gubernamentales cubanas para brindar “servicios turísticos”, incluidas excursiones a playas, clubes nocturnos y recorridos turísticos que eran actividades turísticas clásicas”, señaló Bloom.
La defensa de las líneas de cruceros recayó en la interpretación hecha de los intercambios “persona a persona”, y de la Ley Helms-Burton, que incluye una excepción de responsabilidad si el uso de la propiedad confiscada está relacionado con un “viaje legal”.
“El hecho de que [el Departamento del Tesoro] promulgó licencias para viajar a Cuba, y los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, alentaron a los Demandados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley”, dijo Bloom.
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