MIAMI, Estados Unidos.- El juez de distrito estadounidense Amit Mehta, de Washington DC, le concedió este miércoles luz verde a Exxon Mobil Corp para seguir adelante el juicio con el que busca recibir 280 millones de dólares de dos compañías cubanas como compensación, por una refinería y otros activos incautados por el régimen de Fidel Castro después de enero de 1959.
De acuerdo a una nota publicada por Bloomberg, el fallo mantiene vivo el juicio de Exxon contra la Corporación CIMEX SA, en manos del conglomerado militar GAESA, y la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), y el juez también permitió que la compañía estadounidense reuniera evidencia que pruebe que sus demandas contra CUPET son legalmente viables.
El caso fue retomado por Exxon en 2019 luego de que la Administración del expresidente Donald Trump activara el Título III de la Ley Helms-Burton, de 1996, “que permitía juicios privados por propiedades incautadas en Cuba, un cambio de política que algunos expertos legales dijeron que provocaría un aumento en el número de demandas”.
Sin embargo, “eso no ha sucedido, en parte porque podría ser difícil hacer cumplir sentencias financieras contra empresas en otros países”, dijo Patrick Borchers, profesor de derecho en la Universidad de Creighton, citado por Bloomberg.
De acuerdo a la nota, Exxon indicó que CIMEX y CUPET participaron en el “tráfico ilegal de propiedades confiscadas por el demandante”, incluidos cientos de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento, una terminal marina y la refinería Ñico López, en La Habana. El Gobierno de Fidel Castro se hizo con los activos en 1960.
“Estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de permitir que este juicio siga adelante”, afirmó en un correo electrónico el portavoz de Exxon, Todd Spitler.
Y agregó que “la decisión continúa respaldando nuestra demanda de que Exxon Mobil debe recibir una indemnización por sus activos expropiados”.
Según Bloomberg los abogados de CIMEX y CUPET no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las dos compañías cubanas habían intentado desestimar la demanda, argumentando que son agencias de un Gobierno extranjero y, por lo tanto, inmunes a la denuncia en virtud de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras.
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