MIAMI, Estados Unidos.- Un fuerte operativo policial se desplegó este martes en el municipio San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, vísperas de conocerse la sentencia de algunos manifestantes del 11 de julio (11J) en ese territorio, según denunció el activista Juan Luis Bravo Rodríguez.
El operativo se realizó en conjunto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado, aseguró vía telefónica Bravo Rodríguez, miembro del Partido Unión por Cuba Libre e integrante del Proyecto Emilia, dirigido por el doctor Oscar Elías Biscet.
“Tomaron las calles de San Antonio de los Baños y los centros públicos con el fin de reprimir fuertemente cualquier manifestación que existiera hoy en ese municipio”, explicó Bravo Rodríguez.
El activista denunció además que el operativo se desplegó el día en el que “el régimen entrega la sentencia firme a los manifestantes del 11 de julio miembros del proyecto Emilia y del Partido Unión por Cuba Libre”.
Asimismo, señaló, “tengo información de que recogieron todas las armas de fuego en San Antonio, y las recogieron de un modo no común”, dijo refiriéndose a las armas de agentes de la PNR.
“Invadieron las casas de todas las personas que tienen armas de fuego reconocidas por el gobierno”, agregó.
Bravo Rodríguez también denunció que el gobierno ha quitado internet, así como las líneas telefónicas a los opositores del municipio.
San Antonio de los Baños fue el municipio cubano donde se iniciaron las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. En horas del mediodía de aquel domingo de julio, centenares de personas se reunieron en el parque del pueblo y de allí comenzaron una peregrinación en la que protestaban pacíficamente y exigían libertad.
Los videos de la protesta se viralizaron en redes sociales y encendieron la llama de la libertad en más de 60 localidades del país. Las históricas manifestaciones han dejado centenares de personas detenidas desde entonces, y algunos de los cubanos que ya han sido condenados enfrentan penas de cárcel de hasta más de 20 años.
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