MIAMI, Estados Unidos. — Activistas y familiares de presos políticos cubanos participaron este martes en la audiencia pública Cuba, seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la presentación se analizó la situación de las personas beneficiarias de la Medida Cautelar 1101-20 Movimiento San Isidro, así como de otros presos políticos y de conciencia como José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
“Mi padre es beneficiario de una medida cautelar”, indicó su hija, Martha Beatriz Ferrer, quien recordó que “más de mil presos políticos” en Cuba “sufren torturas físicas y psicológicas por aspirar a una nación libre y democrática”.
“Hacemos un llamado desesperado a la CIDH y todos los órganos internacionales por la inmediata libertad de mi padre y todos los presos políticos en Cuba”, señaló la joven.
El experto José Rubio, de la organización Civil Rights Defenders Latin America, llamó la atención sobre la necesidad de exigir al Estado cubano “la libertad de los presos políticos y que ellos y sus familiares dejen de ser víctimas de hostigamiento”.
“El Estado cubano debe cumplir su obligación de respetar las garantías y el ejercicio de derechos humanos de toda la ciudadanía cubana, y en particular de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la propia CIDH”, apuntó Rubio.
La activista Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas, hizo énfasis en casos como los del preso político Javier Delgado, preso por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
“Javier Delgado es uno de los prisioneros después del 11J. Él está seriamente enfermo y dejó de tomar sus medicinas en protesta a la decisión del tribunal de dejarlo en prisión. Esta es la realidad de miles de prisioneros políticos en Cuba”, denunció la fundadora de Cuba Decide.
En la audiencia también se abordó la situación de las integrante del movimiento Damas de Blanco, quienes también son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH.
Por su parte, Lartiza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex, expuso “la situación crítica de los defensores de los derechos humanos, especialmente las personas integrantes del Movimiento San Isidro”.
“La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados, persistiendo esta persecución hasta la actualidad”, sostuvo la jurista cubana.
Otro tanto hizo Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien hizo alusión a las numerosas “violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, denunciadas por distintos organismos internacionales, incluida la propia CIDH”.
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