MIAMI, Estados Unidos. – La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar y sus colegas Morgan McGarvey y Debbie Wasserman Schultz enviaron una petición formal al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en la cual solicitan que se otorgue un “parole in place” (PIP) a todos los migrantes cubanos que hayan recibido un formulario I-220A al llegar a Estados Unidos.
Esta acción permitiría a los ciudadanos cubanos con I-220A ser elegibles para regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. Los congresistas argumentaron que los nacionales de la Isla “merecen claridad, dignidad y una oportunidad justa para permanecer en los Estados Unidos”.
La carta destaca la contribución de los cubanos y cubanoamericanos a “la hermosa tapicería de este país”, siendo vecinos, miembros de la familia y rostros amables en las comunidades. Sin embargo, señalan que, independientemente de sus aportes, son personas que “merecen que sus derechos sean respetados”.
La petición se centra en garantizar que estos individuos no queden atrapados en un “pantano legal” que les niegue las oportunidades disponibles a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Los congresistas recuerdan que dicha norma, aprobada en 1966, creó un camino hacia la residencia permanente para los nacionales cubanos que emigran de la Isla a Estados Unidos. Sin embargo, mencionan que “los cambios recientes en la política y las decisiones judiciales han sembrado confusión y privado injustamente a muchos emigrantes cubanos de la inmigración documentada y la residencia en este país”.
Los afectados por esta situación, quienes entraron recientemente a Estados Unidos y recibieron una “orden de liberación bajo parole” o un formulario I-220A, se les niega la capacidad de “ajustar su estatus” y solicitar su residencia. Según los congresistas, esto ha llevado a los migrantes cubanos a vivir en un estado de preocupación constante debido a la naturaleza impredecible de su estatus legal y permanencia en el país, temiendo represalias si regresan a Cuba.
La carta concluye con una solicitud respetuosa para que el DHS emita un “parole in place” a los cubanos afectados que recibieron un formulario I-220A, lo que les permitiría solicitar residencia permanente, como lo han hecho cientos de miles de cubanos durante décadas bajo la Ley de Ajuste Cubano. “Este PIP debe venir con toda la velocidad deliberada”, enfatizan los congresistas.
Ya en mayo de 2023, Salazar pidió a Mayorkas que ordenara aplicar la Ley de Ajuste a los cubanos que entraron al país con el permiso I-220A.
“Estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000, 4000.000, cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la Ley de Ajuste Cubano. Entraron y después cuando se les acaba el permiso ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro”, dijo la congresista en ese momento.
“Por eso, yo, personalmente le dije al secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas ―cubanoamericano, por cierto― que entienda que a esta gente hay que darle una respuesta, que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y puedan abrazar este país como lo hemos hecho tantos cubanos antes que ustedes”, agregó.
Salazar aseguró que se encontraba trabajando para encontrar una salida legal a los miles de cubanos con I-220A. “Yo estoy en eso”, recalcó. “Entiendo perfectamente cuál es la necesidad y estoy segura de que con el favor de Dios vamos a poder lograr que ustedes se acojan a la Ley de Ajuste Cubano como han hecho millones de cubanos antes”.
“Los Estados Unidos merecen ese sacrificio y merece que ustedes los que entraron con la I-220A se porten bien, sigan las reglas y se conviertan en ciudadanos prósperos y dignos y decentes de esta gran nación”, concluyó.
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