LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital del país, el manifestante del 11J Juan Carlos Morales Herrera denuncia que fue sentenciado a 14 años de cárcel como represalia por haber participado en las protestas populares ocurridas en julio de 2021 en más de 60 localidades y ciudades de la Isla.
Morales Herrera vive en el barrio de La Güinera, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Tiene 50 años y es barbero. Fue procesado como parte del segundo grupo de manifestantes de esa localidad, el 16 de enero de 2022. Acusado inicialmente de los supuestos delitos de atentado, sabotaje, lesiones, sedición y daño a la propiedad, su petición fiscal era de 20 a 21 años de privación de libertad.
Morales Herrera fue arrestado el 17 de julio en la casa de su mamá. Inicialmente lo tuvieron un día en la unidad de Policía del Capri. De allí lo trasladaron para la prisión de jóvenes del Cotorro, donde lo mantuvieron por tres días. Posteriormente lo trasladaron a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó por ocho días y finalmente al Combinado del Este, donde permanece hasta ahora.
En declaraciones anteriores, Morales Herrera pudo revelar asimismo la represión perpetrada contra los pobladores de La Güinera el 12 de julio, así como el espanto de la multitud luego de que el joven Diubis Laurencio fuera baleado por la espalda por un agente de Policía.
El preso político también ha destacado las duras condiciones que tuvo que soportar en los distintos centros de detención donde estuvo cautivo, especialmente las torturas sufridas en 100 y Aldabó.
En marzo, el régimen cubano dictó sentencia contra 128 manifestantes del 11J en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre, y en La Güinera. Más de 30 de los acusados recibieron condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sedición y hurto.
Las condenas fueron criticadas por la Unión Europea, quien las calificó de “desproporcionadas y duras”, según un reporte de Radio Televisión Martí.
En un llamado a “respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión”, la UE, que mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación con La Habana, a pesar de las críticas recibidas, aseguró que la manifestación pacífica es un derecho fundamental.
“Las últimas sentencias de prisión impuestas por los tribunales cubanos a participantes en las manifestaciones del 11 y 12 de julio son desproporcionadas y duras. La manifestación pacífica es un derecho fundamental y estas sentencias pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercerlo”, dijeron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior a Radio Televisión Martí.
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