MIAMI, Estados Unidos. – El senador cubanoamericano Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., agradeció este lunes al canciller español, José Manuel Albares, por negar al régimen de La Habana la venta de gases lacrimógenos por valor de 350 000 euros.
Menéndez felicitó y agradeció a Albares y al Gobierno de Pedro Sánchez “por su decisión de apoyar al pueblo cubano al negar 350 000 euros en gases lacrimógenos y otro material antidisturbios al régimen de Díaz-Canel en 2022”.
De acuerdo con el senador cubanoamericano, “esta importante decisión” demuestra “la fuerte voluntad” del Gobierno español de “priorizar las consideraciones de derechos humanos en sus compromisos con gobiernos extranjeros”.
Menéndez también aseguró que la negativa le enviaba “un fuerte mensaje al régimen de Díaz-Canel de que hay consecuencias internacionales por la continua represión de sus propios ciudadanos”.
“Estoy agradecido por su liderazgo en España y la decisión de dar este paso de principios. Espero sinceramente que el Gobierno de Sánchez continúe negando armas y material antidisturbios al régimen de Díaz-Canel en el futuro. España es vital socio estratégico de EE. UU., y espero seguir encontrando formas de fortalecer la cooperación entre nuestros dos gobiernos con respecto a la protección de los derechos humanos y la lucha contra los gobiernos dictatoriales en América Latina, el Caribe y todo el mundo”, terminó el político de origen cubano.
A finales de 2022 trascendió que el Gobierno español había rechazado vender gases lacrimógenos a Cuba por razones de estricto respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe sobre las operaciones de este tipo efectuadas en el primer semestre de 2022 en España, el Gobierno del país europeo denegó la “exportación a Cuba de 2500 cartuchos lacrimógenos y fumígenos y 40 artificios de luz, sonido y lacrimógenos por valor de 350 000 euros con destino al Ministerio del Interior” de la Isla.
El Gobierno español aludió al criterio dos de la Posición Común de la Unión Europea (UE), que sirve de código de conducta para los países miembros del bloque comunitario.
Dicho criterio se refiere al “respeto de los derechos humanos en el país de destino final” de la exportación de armamento, así como al “respeto del derecho internacional humanitario por parte de dicho país”.
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