LA HABANA, Cuba. – En enero de 1869 comenzó a circular clandestinamente un importante manifiesto de la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico, firmado por su presidente, José Morales Lemus. La acción, tachada de insolente por las autoridades españolas, provocó que el entonces gobernador superior de la Isla de Cuba, general Domingo Dulce, ordenara la confiscación de los bienes de Morales Lemus y cualquier otro criollo vinculado al movimiento independentista, o que fuera sospechoso de ello. En adición a la medida, también les serían conculcados sus derechos civiles y políticos.
Dentro de las expropiaciones se incluía el patrimonio bibliográfico de los perseguidos. Nutridas bibliotecas fueron desvalijadas, comenzando por la del erudito Antonio Bachiller y Morales, muy afamada en su época y que nunca pudo recuperar. Le siguieron otras igualmente valiosas que terminaron subastadas públicamente debido a que las autoridades españolas no tenían manera de reubicarlas, y los integristas se negaban a aceptar esos libros en los establecimientos públicos dedicados a la cultura.
Buena parte de las obras incautadas fue destinada a la Biblioteca Nacional de Madrid, pero el Consejo Administrativo de Bienes Embargados determinó que todas fueran trasladadas al local donde ya se encontraba la biblioteca de Bachiller y Morales, hasta que el 9 de marzo de 1870 se decidió depositar el inmenso fondo bibliográfico en la Academia de Ciencias, preservando para los cubanos un inestimable patrimonio histórico y cultural.
Como la corona española, otros regímenes autocráticos han arremetido contra las bibliotecas independientes en Cuba, desde Gerardo Machado y Fulgencio Batista hasta Fidel Castro. Sin embargo, la dictadura impuesta por este último ha ido mucho más lejos en lo que se refiere a amordazar el conocimiento y censurar cuanta obra, de cualquier manifestación artística, deslice la más somera crítica al sistema imperante desde 1959.
Muy larga es la lista de libros y autores prohibidos para los cubanos, como abundantes son también las denuncias de allanamientos por parte de la Seguridad del Estado para confiscar lo que ellos consideran “material contrarrevolucionario”, que no son más que obras comprometidas con el progreso, la libertad y la democracia.
Cuando en 1998, durante la Feria del Libro, Fidel Castro afirmó que en Cuba no había libros prohibidos, sino que “falta dinero para comprarlos”, un grupo de activistas aprovecharon la oportunidad para crear un proyecto de bibliotecas independientes, cuyo primer espacio se concretó el 3 de marzo de ese mismo año, en la provincia de Las Tunas, bautizado en honor al padre Félix Varela. Luego fue sustituido por la Red de Bibliotecas Cívicas Comunitarias, que durante un tiempo brindó al público una alternativa de lectura diferente a la promovida por el Gobierno cubano.
En mayo de 2004, el portal Cubadebate publicó un artículo que definía a las Bibliotecas Independientes como un plan desestabilizador financiado por Estados Unidos. A juzgar por el texto, la red fue desarticulada y sus gestores sometidos a registros, interrogatorios y chantajes; el mismo método que hasta hoy la policía política emplea contra periodistas y activistas que se oponen a la dictadura.
