MIAMI, Estados Unidos. – Autoridades de San Luis, en Pinar del Río, amenazaron nuevamente con desalojar a un niño enfermo de cáncer, Erick Márquez, de ocho años, y a su bisabuelo, Alberto Aguiar, de 80.
Inicialmente, el desalojo había sido anunciado para el 30 de noviembre de 2023, pero la familia supone que las autoridades se contuvieron por la repercusión de la historia en medios independientes y redes sociales.
Este jueves, Sandra Aguiar ―hija de Alberto y tía abuela de Erick― confirmó a CubaNet que las autoridades locales de San Luis habían dado un ultimátum a la familia.
La historia del menor y su bisabuelo, que vivían solos en la comunidad rural Forteza, a las afueras del pueblo de San Luis, Pinar del Río, trascendió en junio de 2021 en CubaNet.
Entonces, ambos residían en una vivienda sin las condiciones indispensables: con un baño a medio hacer, una cocina desahuciada y una fosa en los alrededores que en época de lluvia les inundaba la casa. Sobre sus cabezas apenas se sostenía un techo de fibra con estructura de madera, dañada por el comején.
Tras la repercusión que tuvo la publicación de la historia, las autoridades de Pinar del Río finalmente cumplieron la promesa que durante años habían repetido. Erick Márquez y su bisabuelo Alberto Aguiar recibieron una vivienda en mejores condiciones en el pueblo de San Luis, muy cerca del hospital local.
En ese momento perfiles, presuntamente manejados por la Seguridad del Estado y que solo comparten propaganda gubernamental, publicaron en redes sociales la entrega del domicilio.
En noviembre de 2023, poco más de dos años después que la familia se mudara a la nueva casa, la intendente de San Luis le notificó a Aguiar que tenían que él y su bisnieto debían abandonar la vivienda antes de final de mes. Si se negaban, advirtieron las autoridades, los desalojarían por la fuerza.
“Cuando el caso se dio a conocer, ellos tuvieron que correr y buscar una casa rápido para parar el escándalo. Por eso decidieron entregarle a mi papá esa vivienda que durante tres años la usaron como almacén de materiales de construcción”, explicó a CubaNet Sandra Aguiar.
La entrevistada agregó que esa vivienda, damnificada tras un desastre natural, previamente había sido reparada para entregársela a su propietaria. “Ella no la aceptó cuando se la dieron y se mudó a otra casa. Por eso, el Estado utilizó el espacio como almacén y después se lo facilitaron a mi papá”.
Sin embargo, a Aguiar nunca le entregaron la propiedad del inmueble. De hecho, cuando la solicitaba solo obtenía dilataciones y pretextos.
“La propietaria ahora ha dicho que quiere la casa, después que mi papá invirtió el dinero que le donaron las personas para arreglarla y mejorar las condiciones”, contó la hija del anciano.
“La respuesta del Gobierno local ha sido anunciar el desalojo y darle a papi y a Erick una casa de tablas y techo de guano en un reparto fuera del pueblo. Un lugar que carece de lo básico y que está muy lejos para un niño tan enfermo”, también explicó.
“Siempre es un peloteo y un pretexto. Lo único que les importa es sacarlos de la casa y que ellos se las arreglen como puedan”, agregó.
Alberto, como tutor legal de su bisnieto, decidió que no saldrían de la vivienda, a menos que le facilitaran otra similar y dentro del pueblo. Lo único que reciben ambos es una ayuda de 1.500 pesos al mes que alcanza, apenas, para una bolsa de leche.
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