MIAMI, Estados Unidos. – Vecinos del Edificio No. 3, en la calle J de Punta Gorda (municipio Moa, Holguín), alertan que viven desde hace décadas en condiciones de alto riesgo y que la estructura podría ceder “en cualquier momento”. El inmueble —de 40 viviendas y ocupado en su mayoría por trabajadores de la fábrica de níquel— está “declarado en peligro de derrumbe”, según una denuncia pública difundida en Facebook por La Tijera News.
“Queremos solución, no más mentiras. No queremos que actúen como héroes cuando el edificio se desplome. Necesitamos una vivienda digna”, expresaron los residentes a ese medio.
De acuerdo con testimonios recogidos por Martí Noticias, el edificio fue levantado en la década de 1980 como una obra estatal, quedó inconcluso y terminó siendo ocupado por familias que lo habilitaron por sus propios medios. “Es casi inhabitable”, dijo una vecina identificada como Emelda, que denunció caídas de varias personas —incluidos niños— en las escaleras improvisadas y deterioradas.
Los habitantes vinculan el avance del deterioro a factores externos. Por un lado, aseguran que las explosiones en las minas de níquel cercanas y los sismos en la región oriental de Cuba provocan sacudidas continuas. Otros residentes sostienen que la obra nunca se concluyó por una falla geológica.
La Tijera News precisó que el inmueble data de 1983, carece de matajuntas antisísmicas y que “cada explosión de las minas de níquel provoca estremecimientos y mayor inclinación de la estructura”.
Entre los peligros enumerados por los vecinos figuran desprendimientos de escombros y de escalones improvisados, que han causado accidentes “incluso a trabajadores de la Empresa Eléctrica”. También reportan que “personas mayores viven con miedo y niños han sufrido lesiones en la cabeza”.
A ello se suman problemas sanitarios y de acceso a servicios. Los residentes denuncian “filtraciones de aguas albañales” que llegan hasta camas y baños “con olores insoportables”. Aunque “pagan luz, agua y electricidad”, señalan que “las reparaciones nunca llegan”. La comunicación, además, es “casi imposible”: afirman no tener cobertura 2G, apenas una señal 4G “subiendo a una loma”, y padecer apagones que los dejan incomunicados.
Los testimonios coinciden en que, pese al riesgo, muchas familias permanecen en el edificio porque no tienen otra alternativa habitacional. “Por ahí bajan niños, mujeres embarazadas, personas mayores”, describió Emelda sobre el uso diario de las escaleras de tablas.
Otra queja recurrente es la condición administrativa con la que las autoridades locales los consideran. Los moradores aseguran que son calificados como “ilegales”, lo que —según dicen— les ha impedido recibir módulos de ayuda incluso tras desastres naturales como el huracán Ike en 2008.
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