PUERTO PADRE, Cuba.- “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, dice Tancredi, personaje novelesco; pero más allá de la ficción ese urdir de apariencias es la razón del gatopardismo como filosofía del fingimiento político. No en balde el gatopardo se convierte en símbolo y aliado recurrente de quienes pretenden perpetuarse en el poder.
Así y todo, decíamos en el artículo anterior, cuando adelantamos estos apuntes, que ese pasaje literario de Lampedusa llevado al entramado de las políticas públicas, en Cuba, no tiene cabida si, mediante la vietnamización de la economía y, por consiguiente, del territorio y la jurisdicción, pretendiera mantenerse la dictadura comunista de partido único mostrando al mundo esos “cambios” como si fueran una transición del totalitarismo a la democracia, cuando en realidad son meros volteos de forma y no de fondo porque sin derechos políticos plenos ni universales en ejercicio cívico y meramente simulados, como es usual, el gatopardo traería al archipiélago-cárcel que es Cuba sólo modificaciones en el discurso jurídico-administrativo y sociopolítico —y no digo que no—, acaso hasta con trascendencia demográfica y sociológica positiva, pero nunca, jamás, cambios reales hacia la libertad política.
Y puesto que existe una sospecha justificada por sus precedentes, en el artículo anterior preguntamos: “¿Intentará el régimen castrocomunista con la vietnamización de Cuba mostrar supuestos cambios para mantenerse en el poder?”
La pregunta es de cajón porque ciertamente y según se ha reiterado por periodistas, académicos, analistas políticos y de inteligencia, las elites castrocomunistas que integran los mandos del Partido Comunista de Cuba (PCC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), que por archiconocidas razones son las instituciones de poder real más allá que cualquier otro poder formal del Estado, sin dudas, sí, ¡cómo no!, por cualquier procedimiento lícito o ilícito harán cuanto puedan por echar a andar la simulación.
Cambiando todos los cueros de la silla hasta los estribos y también la sudadera, con el fuste y la mala idea intactos harán ver luces de democracia participativa y libre mercado cuando bien lo sabemos, son los comunistas quienes dicen en cualquier ámbito del panorama cubano, “tú, entra; tú, sal”; ya sea en la economía, la cultura y en toda la sociedad, pero con la participación de los mismos cubanos que un día José Martí llamó “cubanos coloniales, y no importa si residen en La Habana, en Miami o en Madrid, empleando a esos “cornetas” y por obra y gracias del gatopardismo, dirán que efectivamente en Cuba funciona una “democracia socialista” como en China y Vietnam donde tiene cabida la gran empresa privada y es posible legalmente hacerse multimillonario.
Según el régimen permitió las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en el futuro cercano y persuadidos por los partidos comunistas de China y Vietnam, el Buró Político del PCC pudiera autorizar verdaderas empresas privadas cubanas, que fueran más allá del comercio de bienes y servicios y echaran a andar sectores estratégicos de la economía improductivos hoy, como son las agroindustrias azucarera, arrocera y de granos todos, agropecuaria, frutícola y forestal; así como de industria pesada, de cemento, metalúrgica, mecánica, minera, de generación de electricidad y de cuanta iniciativa privada exista, con capital lícito dispuesto a invertir en condiciones de economía de mercado y seguridad jurídica probada.
Si esas inverosímiles transformaciones ocurrieran donde el monopolio de la llamada “empresa estatal socialista” pervive como un cáncer que hizo metástasis, plagando no sólo el tejido económico sino toda la sociedad, pudiera alguien pensar que esos cambios ameritan, por ejemplo, que Estados Unidos levante el embargo al régimen castrocomunista del mismo modo que lo hizo con Vietnam, pero quienes así piensan lo hacen erróneamente. El embargo al régimen comunista vietnamita se produjo por una orden ejecutiva del presidente Lyndon B. Johnson —un decreto, no una ley votada por el Congreso— del 4 de mayo de 1964 que estuvo vigente hasta el 27 de enero de 1994, cuando un mes antes, el Senado y mediante resolución no obligatoria, exhortó al presidente Bill Clinton a concluir con el embargo, aduciéndose, entre otras razones, facilitar la búsqueda de los soldados desaparecidos durante la guerra.
Pero ese no es el caso de Cuba. El embargo al régimen comunista de La Habana es más que un mero decreto: fue promulgado con rango de ley y ningún presidente de Estados Unidos puede concluirlo sin la aprobación del Congreso. La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, de 1996, más conocida como Ley Helms-Burton por los apellidos de los legisladores que la promovieron apoyados por ciudadanos cubanoamericanos liderados por Jorge Mas Canosa, codifica, específicamente y no de forma retórica, todos y específicamente cada uno de los causales que pueden dar motivos para la derogación del embargo.
Entre esos requisitos que legitimarían a un gobierno de transición y la posible eliminación del embargo, son innegociables la legalización de todas las actividades políticas, la libertad de todos los presos políticos, la supervisión de las cárceles por organizaciones internacionales de derechos humanos, la disolución del Departamento de Seguridad del Estado, los Comités de Defensa de la Revolución y las Brigadas de Respuesta Rápida, así como el compromiso para la organización de elecciones libres y justas en un plazo de 18 meses, en las que participen múltiples partidos en igual de condiciones y derechos, estableciéndose a ese fin un poder judicial independiente, y estando meridianamente codificado lo que la Ley conceptúa como un “gobierno elegido democráticamente”.
De tal suerte y según dice el refrán, “una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero”, y si por la vietnamización de Cuba los castrocomunistas piensan que venderán gatos por liebres, están en un error, supino el traspié; y no sólo los jerarcas trepados en el poder sino también sus “voluntarios”, muchísimos “cubanos coloniales” que paradójicamente habiéndose naturalizado ciudadanos españoles o estadounidenses, entiéndase de sociedades democráticas, todavía sirven de “trompetas” al régimen totalitario con el mismo entusiasmo que en sus primigenios días de chivatos, de esa misma policía y de esos mismos comités que llegado su día serán disueltos siguiendo la letra y el espíritu de la Ley Libertad.
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