LIMA, Perú — El régimen cubano endureció este viernes su política sancionadora en materia financiera y cambiaria tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 118/2026, una norma que multiplica las multas por infracciones bancarias y fija sanciones de hasta cinco millones de pesos cubanos (CUP) para personas jurídicas.
La disposición fue publicada en la Consejo de Estado de Cuba a través de la Gaceta Oficial y modifica el Artículo 15 del Decreto-Ley 363, vigente desde 2018, relacionado con las infracciones administrativas en el ámbito bancario, financiero y cambiario.
El texto legal, firmado el 7 de mayo por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece además multas de hasta 50.000 CUP para personas naturales y contempla un sistema adicional de sanciones indexadas al salario mínimo mensual vigente.
Según la normativa, las autoridades podrán imponer a las personas naturales multas de entre 10 y 200 cuotas salariales, mientras que para las entidades jurídicas las sanciones oscilarán entre 10.000 y 200.000 cuotas.
Aplicado al salario actual, con un mínimo fijado en 2.100 CUP, el máximo previsto para personas jurídicas podría ascender a 420 millones de pesos cubanos en los casos considerados más graves.
El Gobierno justificó la reforma alegando la necesidad de actualizar el marco regulatorio ante “la experiencia acumulada” en la aplicación de la legislación vigente, así como por “la implementación de una nueva política cambiaria” y “las circunstancias económicas que imperan en la actualidad del país”.
La norma también señala que, al momento de fijar la cuantía de las multas, las autoridades deberán considerar factores como “la continuidad o persistencia en la conducta infractora” y “la naturaleza de los perjuicios causados”, con el objetivo de mantener una supuesta proporcionalidad entre la sanción y el daño provocado.
El nuevo decreto se produce en medio de un creciente endurecimiento del control financiero en Cuba. En los últimos meses, el régimen ha impulsado medidas dirigidas a reforzar la vigilancia sobre las divisas y las operaciones económicas privadas.
En febrero, las autoridades aprobaron mecanismos para retener divisas procedentes del comercio electrónico; en marzo, el Ministerio del Interior desplegó operativos contra la compra y venta informal de moneda extranjera, con más de 300 investigaciones abiertas; y en abril el Gobierno anunció nuevos cruces de información financiera para detectar presuntos casos de evasión fiscal.
