LA HABANA, Cuba.- En su edición del pasado domingo 20 de marzo, el periódico Juventud Rebelde ofrece un recuento de las respuestas institucionales brindadas a las quejas que la población envió a través de ese órgano de prensa.
El trabajo periodístico muestra la preocupación por el cada vez más bajo porcentaje de respuestas que las empresas estatales, los gobiernos territoriales y las asambleas municipales del poder popular han ofrecido últimamente a las referidas quejas. Una actitud que el citado diario define como “una desafiante violación constitucional, además de una falta de sensibilidad y de vocación de servicio, imperdonable en estos tiempos”.
Durante el quinquenio 2017-2021 las respuestas a las quejas han seguido disminuyendo. En el 2017 hubo respuestas para el 82% de las quejas; en el 2018 para el 68%; y en el 2019 continuó el descenso hasta el 64%. Ya en el pasado 2021 la desatención institucional tocó fondo cuando las respuestas solo alcanzaron el 48% en el primer semestre y el 47% en el segundo semestre de ese año.
También trascendió que muchas de las respuestas brindadas a las quejas son meramente formales, como para quitarse el problema de encima, y en no pocas ocasiones llegan con evidente retraso, pues algunas tardan hasta 60, 120 o más días después de publicadas las quejas en el periódico. Solo en el 18% de las respuestas se exponen las medidas adoptadas contra los funcionarios que dieron origen a las quejas presentadas.
Por supuesto que una parte nada despreciable de las quejas recibidas en este diario -así como también en el periódico Trabajadores, órgano de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC)- provienen del mundo laboral, relacionadas casi todas con oscuros pasajes de la legislación obrera, así como malas actuaciones de las administraciones.
Temas como la pérdida de los expedientes laborales debido a su deficiente manipulación por parte de las administraciones; dudas de los trabajadores acerca de lo legislado sobre la jubilación, sobre todo los trabajadores por cuenta propia; desacuerdos con el salario que se percibe de acuerdo con las escalas que implementó el ordenamiento monetario; jubilados reincorporados al trabajo que, una vez que han cesado en su nuevo empleo, no han recibido los aumentos correspondientes en sus pensiones; estudiantes recién graduados a quienes se les ubica en puestos de trabajo que nada tienen que ver con los estudios realizados; declaratoria de trabajadores disponibles realizadas sin tomar en cuenta la metodología establecida al respecto; así como injustas decisiones de los denominados “Órganos de Justicia Laboral de Base”, han centrado la mayoría de las quejas presentadas por los trabajadores.
Es de destacar que, por lo general, los trabajadores elevan una queja a un periódico después de haber expuesto el caso ante la administración de su centro laboral, e incluso ante el Sindicato, y constatar que ninguna de estas instancias ha hecho nada por resolver el problema. En ocasiones se ha tratado de algo bien sencillo, solucionado rápidamente tras aparecer el problema en la prensa, y quedar al descubierto la ineficiencia institucional.
De los sindicatos oficialistas poco puede esperarse en este sentido. Ellos tienen la defensa de los intereses de los trabajadores en un segundo plano. Su misión principal es servir de correa de transmisión para que el discurso de la cúpula gobernante llegue a la masa trabajadora. Ahora acaban de emitir una convocatoria para realizar en todo el país desfiles obreros con motivo del 1ro de mayo. Ya no importa tanto la amenaza del coronavirus. Lo importante ahora es no perder la oportunidad de respaldar al régimen.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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