MADRID, España.- Tras semanas de protestas universitarias y una creciente indignación ciudadana por el alza de precios en los servicios móviles, ETECSA anunció este jueves el lanzamiento de dos nuevos paquetes de datos móviles: uno “adicional”, de 2 GB por 1 200 pesos cubanos, y otro llamado “sectorial”, de 6 GB por 360 CUP, dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios.
Ambos planes estarán disponibles a partir del 20 de junio y, según la propia empresa, “tuvieron en cuenta los criterios emitidos por diversos sectores de la población”.
Sin embargo, las reacciones populares de rechazo no se hicieron esperar. “Sigue siendo un precio abusivo”, “Eso es otra estafa”, “Ya comer es difícil con los precios altos”, “Si un jubilado que gane 1.680 CUP compra este plan adicional se queda con 480 pesos para el mes”, son algunos de los comentarios más repetidos por usuarios en redes sociales, donde se advierte que la supuesta solución no resuelve el problema de fondo: el acceso desigual, precario y dolarizado a Internet.
Encuentros bajo vigilancia
En paralelo a este anuncio, medios oficiales difundieron que un grupo de trabajo conjunto entre estudiantes universitarios seleccionados y directivos de ETECSA elaboró más de 40 propuestas técnicas y de comunicación para mejorar el servicio. Según se informó, los estudiantes se dividieron en tres grupos —Operaciones, Comercial y Comunicación— y participaron representantes de varias provincias.
Entre las ideas presentadas se mencionan ajustes técnicos como la virtualización de nodos, el rediseño del portal de navegación y propuestas de comunicación para futuras crisis, así como cambios administrativos que permitirían a padres designar beneficiarios de líneas móviles, una función útil en entornos familiares complejos.
Un maquillaje ante la presión social
Pese a la puesta en escena del diálogo, muchas voces dentro y fuera del país coinciden en que estas medidas llegan tarde y no modifican la lógica de exclusión que domina el acceso a Internet en Cuba. No se trata solo de precios elevados, sino de un sistema que penaliza al usuario sin divisas y responde con vigilancia y castigos cuando los sectores jóvenes alzan la voz.
En ese contexto, los anuncios de ETECSA son más un intento de desactivar la presión social que una solución real al “apartheid informativo” denunciado en las universidades. Las tarifas continúan siendo desproporcionadas respecto al salario medio, y la promesa de planes sectoriales genera más división que alivio.
A medida que el gobierno intenta mostrar una imagen de escucha y adaptación, la calle y las redes siguen recordando que el fondo del problema no es técnico, sino político: la concentración de poder, el control de la información y la criminalización del disenso.
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