Aunque el concepto de dictadura ha evolucionado a la largo del tiempo, en la actualidad se entiende como tal a aquellos regímenes en los que:
- El poder se concentra en pocas manos
- Las condiciones de acceso al poder son manejadas arbitrariamente
- No existe división de poderes ni alternancias reales
- No respetan libertades ni derechos civiles y políticos y
- Se mantienen en el poder a través de la coerción o manipulación institucional.
El poder de una familia y sus allegados
Empezando por la concentración del poder, desde 1959 y hasta la fecha el país ha estado gobernado por un mismo apellido: Castro. Fidel Castro estuvo en el poder desde 1959 hasta 1976 sin siquiera convocar elecciones como había prometido durante la etapa insurreccional, y se mantuvo hasta 2008 mediante un sistema de elección indirecta, no competitivo, cuando cedió el poder a su hermano, por enfermedad y con 81 años. Bajo estas mismas condiciones Raúl Castro rigió el país hasta 2018, cuando designó como presidente a Miguel Díaz-Canel, ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sin otro candidato, y hasta la fecha administra el país a nombre del General de Ejército y el grupo de familias que conforman la cúpula militar partidista de poder en Cuba
Una mirada a los nombres que han pertenecido al Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, máxima instancia de poder real en el país, muestra la permanencia por décadas de figuras militares y políticas, ligadas a la etapa insurreccional o incorporadas en los primeros años de la Revolución, todos cercanos y fieles a la familia Castro. Quienes, dentro de esa nomenclatura, en algún momento han sido percibidos como un peligro para el poder del castrismo, han sido purgados, encarcelados, despojados de sus cargos y condenados al ostracismo.
Esta cúpula no solo ostenta el poder político y militar, sino también el económico, gracias a un modelo estatal y centralizado, a la amplia presencia de los militares en la economía a través del emporio GAESA que funciona con independencia del resto de la estructura estatal, y una amplia red de empresas offshore desperdigadas por todo el mundo.
Unidad de poderes o poder único
El propio Miguel Díaz-Canel, reconoció en 2021 que en Cuba no existe división de poderes -condición fundamental para el funcionamiento democrático-, sino que en Cuba se trabaja con “unidad de poderes”, que en la práctica significa un poder único, típico de sistemas totalitarios como el cubano, que reside en la alianza político-militar.
A pesar de que el régimen ha creado un andamiaje institucional para simular un funcionamiento democrático, la propia Constitución establece que el Partido Comunista de Cuba, único permitido en el país, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado; y sus miembros, a pesar de ser menos del 10% de la población cubana, ocupan más del 97% de los escaños en la ANPP.
Los miembros de la ANPP son filtrados por comisiones de candidaturas conformadas por dirigentes de organizaciones sociales, subordinadas en la práctica al PCC, y luego ratificados en votaciones generales carentes de transparencia, no competitivas, sin observación independiente ni internacional y en las que se condiciona y coacciona el voto y participación ciudadana. Los miembros de la ANPP son quienes ratifican al presidente de la República, a partir de la propuesta realizada por una comisión de candidatura bajo el control del PCC, que falsamente se presenta como un partido “no electoral” pero que en realidad ejerce como “Gran Hermano”. En los 50 años de historia de la ANPP todas las “propuestas” presentadas para el máximo cargo ejecutivo (Fidel, Raúl y Díaz-Canel) han sido aprobadas por unanimidad o amplísima mayoría absoluta. Estos tres dirigentes han ocupado, junto al principal puesto del poder ejecutivo, el cargo de Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.
El poder judicial, por mandato constitucional, recibe instrucciones por parte del Consejo de Estado de la ANPP, de facto subordinada al PCC. Los tribunales funcionan como herramientas de control político en lugar de garantes de justicia y no existe Estado de Derecho. Todo un círculo vicioso más que una tripartición de poderes.
En Cuba están proscritos los partidos políticos y solo es legal el Partido Comunista de Cuba, blindado constitucionalmente como fuerza superior del Estado y la sociedad, lo cual unido al hecho de que no existen elecciones competitivas suprime de facto cualquier posibilidad de alternancia en el poder y, junto a la represión, limita considerablemente la capacidad de organización social para la búsqueda y presentación de alternativas. La propia Constitución declara el sistema socialista irrevocable y autoriza a cualquier ciudadano a combatir por todos los medios, incluida a la lucha armada, a “cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”; lo que constituye una criminalización de cualquier acción ciudadana de cambios.
Las instituciones estatales actúan con total falta de transparencia y en 67 años de existencia del régimen cubano, ninguna persona abiertamente opositora o crítica del sistema cubano a ocupado ningún cargo público, ya sea por elección o designación.
Iniciativas ciudadanas que han tratado de utilizar los propios recursos contenidos en las leyes para promover reformas constitucionales, leyes, aministías, solicitar permiso de manifestación o presentar candidatos no afines al régimen al primer nivel de la cadena electoral (delegados de circunscripción) han sido ignoradas, rechazadas y criminalizadas de forma sistemática.
Violación de derechos y represión
Además de no poder formar partidos políticos, los cubanos tienen ampliamente restringidos sus derechos de asociación. La Ley de Asociaciones impide de facto la posibilidad de crear organizaciones fuera del control estatal. Desde la Constitución hasta leyes como el Código Penal o el Decreto-Ley 370 de 2018 se limita y criminaliza la libertad de expresión. Figuras penales como “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato” son usadas de manera intensiva y con altas condenas de prisión contra personas por disentir, manifestarse pacíficamente, expresarse en redes sociales o hacer pintadas antigubernamentales.
En su propio país los cubanos tienen prohibida la capacidad de invertir y poseer propiedades en sectores abiertos a los extranjeros, la ley es usada de forma discrecional y arbitraria, los medios de prensa reconocidos por el Estado se encuentran en su totalidad bajo el control informativo del PCC y las organizaciones religiosas y fraternales operan bajo la vigilancia de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.
Deportistas, médicos, marineros, profesores y trabajadores en general son exportados por el régimen cubano a otras naciones en condiciones de explotación laboral y sometidos a exilio forzado durante ocho años si incumplen sus contratos laborales. El país es señalado negativamente en la mayoría de los informes internacionales sobre derechos humanos, democracia, libertad de expresión y prensa, trata de personas, libertad en internet y libertad religiosa.
Existe todo un entramado de control social que incluye instituciones políticas, militares, sociales, medios de comunicación, escuelas y hasta la familia, encargado de apagar el disenso incluso antes de que se exprese abiertamente. Para ello emplean un diapasón de formas coercitivas y represivas que van desde las más sutiles como las “advertencias” hasta las más violentas. El apoyo al sistema, cada vez menor, pero que aún existe en una parte de la población cubana debe valorarse a la luz de un contexto marcado por el adoctrinamiento, el control de la información y la represión.
Organizaciones de derechos humanos reportan actualmente entre 750 y 1200 presos políticos, cifras que continúan en aumento, y documentan mensualmente centenares de acciones de hostigamiento por parte del Estado contra la ciudadanía que incluyen violaciones contra personas privadas de libertad, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones a la libertad de movimiento y religiosa, golpizas, amenazas, prohibición de entrada y salida del país, cortes selectivos de internet, procesamientos penales de naturaleza política, torturas, matonismo, ejecuciones extrajudiciales, entre muchas otras formas de represión que se ejercen con total impunidad por parte de agentes estatales.
Ante este panorama, que es mucho peor de lo que puede resumirse en unas líneas, no existe base teórica ni factual que permita decir que Cuba es una “democracia de partido único”, una “democracia distinta” ni ningún otro malabar retórico que figuras cercanas al régimen han ensayado para escamotear su naturaliza represiva y autocrática. Acudiendo a la variedad de conceptos de dictadura que se manejan en la ciencia política contemporánea, Cuba clasifica como tal. Una dictadura de manual, de corte totalitario.
