Uno de los discursos más repetidos por el castrismo desde su llegada al poder y hasta la actualidad es que en Cuba no se tortura. Fue una de sus estrategias para marcar una ruptura con la dictadura anterior, la de Fulgencio Batista, en la que gracias a la existencia de una prensa libre se documentó el uso de la tortura, a niveles extremos en muchas ocasiones, contra quienes se oponían al régimen.
Cada vez que el régimen cubano ha sido interpelado sobre el uso de la tortura su respuesta ha sido inamovible y tajante: No existe. Incluso, una parte no despreciable de la población cubana también lo cree, por dos motivos fundamentales: 1- el control sobre la información que ejerce el régimen cubano; 2- un entendimiento distorsionado de lo que constituye tortura, identificada solamente con sus prácticas más extremas.
Pero lo cierto es que en Cuba nunca se ha dejado de torturar y el uso de estas prácticas está documentado desde los testimonios de los primeros presos políticos después de 1959 hasta los reportes emitidos en la actualidad por organizaciones de derechos humanos que operan en la Isla sin reconocimiento estatal.
Cárceles, centros de instrucción de la Seguridad del Estado y unidades policiales continúan siendo espacios donde, con total impunidad, se practican formas de torturas como golpizas colectivas, privación de alimentos, agua y sueño, exposición a temperaturas extremas, asfixia e inmovilizaciones por largos períodos de tiempo a personas que se encuentran bajo custodia estatal.
El control de la información
El Estado cubano es firmante y ha ratificado la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni ha aceptado el procedimiento de quejas individuales del artículo 22 del CAT.
Según explica Giselle Morfi, abogada de la organización legal independiente Cubalex, estos dos últimos elementos liberan al Estado cubano de la obligación de aceptar visitas del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, crear un órgano interno independiente que investigue las torturas y que personas individuales presenten quejas ante el Comité contra la Tortura si considera que el Estado violó derechos protegidos por ese instrumento.
A este filtro de control de la información hacia el exterior del país, se suma todo el andamiaje existente a lo interno de la Isla con estos fines:
- Al ser un Estado totalitario, no existen mecanismos independientes efectivos de control de violaciones. El sistema judicial en su totalidad está subordinado de facto al Partido Comunista y el grupo que ejerce el poder. El régimen prohíbe y criminaliza a las organizaciones independientes encargadas de monitorear las violaciones de derechos humanos.
- Las torturas normalmente ocurren en espacios controlados y poco accesibles al ojo público. El régimen no permite inspecciones independientes a las prisiones y al interior de estas la información se controla con mucho celo, mediante el castigo a los reclusos y sus familiares que denuncian violaciones. Los reclusos víctimas de tortura son aislados durante períodos de tiempo prolongados, hasta que desaparezcan las marcas visibles.
- La totalidad de los medios de prensa que el Estado reconoce legalmente están bajo el control del Partido Comunista y no reportan este tipo de prácticas. Al contrario, las obvian, las niegan o las encubren en los casos que sea necesario. La prensa independiente, que sí reporta estos temas, actúa en un contexto de ilegalidad, criminalizada y perseguida lo que dificulta sobremanera su trabajo.
- La inexistencia de mecanismos efectivos de justicia y el peligro inminente de revictimización hace que muchas personas víctimas de tortura no denuncian.
Es decir, que existe todo un sistema montado en función de que las torturas, al igual que otras violaciones de derechos humanos, no se difundan y se complique su comprobación.
Percepción social de la tortura
En el sistema de educación cubano solo se habla de torturas en referencia a períodos anteriores de la historia del país. Sin embargo, no existen contenidos actualizados centrados en derechos humanos que ayuden a entender la tortura como todo acto intencional mediante el cual un funcionario público, o una persona que actúa con su autorización, inflige a otra dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el propósito de obtener información, confesión, castigarla o discriminarla.
Es por eso que muchas personas en Cuba solo identifican como tortura sus formas más extremas, tales como arrancar uñas, electrocutar, amputar miembros, dar latigazos, llevar al cepo y acciones similares, que son las que usan de ejemplo en las clases de Historia de Cuba cuando se imparten contenidos de la etapa colonial y republicana.
Sin embargo, la tortura, en sus diferentes modalidades, siguió presente en Cuba después de 1959 y hasta la fecha, aun con el montaje de un sistema totalitario que inhibe y controla el disenso desde sus formas más elementales; disminuyendo así -aunque nunca suprimiendo- la necesidad del uso de la violencia extrema.
Los testimonios de los primeros presos políticos plantados en las prisiones del castrismo refieren trabajos forzados por más de 12 horas, disparos por encima de las cabezas, golpizas mortales, ejecuciones extrajudiciales, inmersión en excrementos, celdas de castigo extremadamente estrechas, heridas con bayonetas, entre otras múltiples torturas. El comandante rebelde Hubert Matos, encarcelado por Fidel Castro, denunció que fue víctima de tortura en los genitales. “¿Es posible que los revolucionarios se puedan convertir en hienas, en buitres, en algo así fuera de calificación humana?” se preguntaba al ver las conductas de sus antiguos compañeros de lucha.
En la actualidad, los principales lugares donde se cometen torturas en Cuba son las prisiones, los centros de instrucción de la Seguridad del Estado, las unidades policiales y durante las detenciones y traslados.
Una investigación realizada por Cubalex a través de entrevistas a exprisioneros políticos, activistas y opositores, identificó entre las torturas aplicadas en las cárceles cubanas la suspensión con esposas, la bicicleta, el balancín, la sillita, las shakiras, la fijación o el caballo, la mordaza y el sillón.
En 2023, la organización independiente Prisoners Defenders publicó un informe estadístico basado en testimonios de 181 presos políticos víctimas de tortura. En la muestra destacan los casos de menores de edad que sufrieron entre 8 y 15 tipos de torturas diferentes en centros de detención del país, las cuales van desde la negación de atención médica y privación de líquidos, alimentos y sueño hasta agresiones físicas y trabajos forzados. Las personas con discapacidad social también son víctimas de torturas.
En 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 105 eventos de torturas físicas y psicológicas en cárceles cubanas que, además de las ya mencionadas, incluyeron agresiones sexuales ordenadas, golpizas colectivas en estado de inmovilización, palizas con resultados mortales, reclusión extendida en celdas de aislamiento inapropiadas, negación deliberada de atención médica y condiciones de vida que, en general, constituyen formas de tortura por sí mismas.
En las estaciones policiales, centros de la Seguridad del Estado y detenciones y traslados, Cubalex documentó 14 métodos de torturas física y psicológicas que incluyen azotes con cables, exposición a temperaturas extremas, asfixia en patrullas cerradas herméticamente bajo el sol, abandono en lugares despoblados luego de detenciones, simulacros de ejecuciones, y algunas con evidentes marcas de violencia de género como las golpizas a mujeres embarazadas con conocimiento de su estado, desnudos forzados para revisión corporal, negación de almohadillas sanitarias durante el período menstrual y el retiro de la custodia de sus hijos.
La impunidad con que ocurren estos actos, a pesar de las múltiples denuncias de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, indican que se trata de una política de Estado. Hasta 2022, cuando se incluyó en el Código Penal, el régimen cubano fue reacio a tipificar la tortura como delito en su ordenamiento legal. No obstante, hasta la fecha no se tiene conocimiento de ninguna persona en ejercicio de funciones públicas que haya sido sancionada por tal delito. Tampoco hay evidencia del desarrollo de programas de formación en derechos humanos y prohibición de la tortura desarrollados por el Estado para funcionarios públicos, agentes del orden interior y militares.
Un último detalle: el régimen cubano no solo practica la tortura; también la exporta. Además del protagonismo cubano en labores de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, el Instituto Calas documentó la participación de militares de la Isla en labores de entrenamiento y ejecución de torturas en el país sudamericano.
