LA HABANA, Cuba. – El régimen cubano ha dado por terminado su primer teléfono móvil y, después de seis años desarrollándolo, en breve lo pondrá a la venta a precio de inflación. No importa que —de acuerdo con fuentes cercanas a GEDEME, el fabricante— casi la totalidad de los cientos de celulares que fueran distribuidos a modo de prueba en las empresas e instituciones estatales —tanto el GDM MB10 como el modelo GDM P4R, que aún no será comercializado— hoy estén fuera de servicio, inservibles o esperando por piezas en los talleres, y que una mayoría de usuarios los califique como “muy malos”.
Aun así, se ha dicho que unos 6 000 celulares serán vendidos por ETECSA, mientras suponemos (porque es práctica conocida por todos), que otros miles serán facilitados a funcionarios, informantes de la Policía y “cibercombatientes” (esos a quienes conocemos por “ciberclarias”) para que, a cambio de la “gratuidad” de megas de datos y minutos de voz, hagan lo que les ordenen hacer.
Tampoco es difícil imaginar lo que pasará si, por ahorrarnos unos pesos, decidimos adquirir uno de esos teléfonos a la misma compañía telefónica que, al tener el monopolio de las comunicaciones en la Isla, no solo nos controla el acceso a la información y abiertamente viola nuestra privacidad, sino que nos hace firmar un contrato donde aceptamos ser castigados por nuestras opiniones políticas.
Poco más de 16 000 pesos costará el GDM MB10 (unos 130 dólares al cambio oficial) y, aunque su precio dobla varias veces el salario mensual de un médico o un ingeniero, en medio de nuestro loco escenario económico donde una bolsa de tres panes pequeños va superando los 200 pesos, es mucho más barato que cualquier otro teléfono de características similares.
De modo que no serán pocos los cubanos que madrugarán y harán cola en ETECSA para adquirir el suyo, incluso para revenderlo en 20 000 porque, aun así, será mucho más “económico” que un Samsung, un iPhone, un Xiaomi o cualquier otro importado (ninguno baja de los 25 000 pesos).
Se ahorrarán unos centavos, sí, incluso les ofrecerán interesantes garantías de post-venta, tal vez hasta logren conectarse mucho mejor a la 4G, en tanto la tecnología ha sido ajustada al tipo de señal y canales usados en la Isla, es cierto, pero viniendo de donde vienen tales “beneficios” la mercancía me huele a pastel envenenado, y quien lo compre o lo acepte se acomodará él mismo la soga al cuello.
Porque en este caso el que hizo el teléfono, con el apoyo tecnológico nada más y nada menos que de China (con tanta experiencia en cuestiones de censura y espionaje a la disidencia), también maneja la empresa telefónica, ordena la represión, sistematiza la censura, escribe y acomoda las leyes para justificarlas y, por tanto, perfecciona y dispone la nueva “trampa tecnológica”. Más bien una encerrona para un campo de batalla donde se sabe derrotado: las redes sociales y el internet en general.
Tengamos en cuenta tan solo la interesante cuestión de por qué un país incapaz de desarrollar y producir a gran escala un simple respirador para hospitales, y que en medio de la pandemia debió acudir a la inventiva privada y las donaciones externas para superar la crisis y satisfacer la demanda, emplea recursos en crear algo mucho más complejo como lo es un teléfono celular.
La respuesta la tienen ellos mismos cuando leemos por estos días que, por ejemplo, decenas de internautas en la provincia Mayabeque han sido citados por la Policía debido a sus quejas y opiniones en las redes sociales por los apagones. O cuando vemos que divulgan en televisión, sin pudor alguno, mensajes de sms, conversaciones, imágenes privadas extraídas de los teléfonos decomisados a opositores e incluso a personas sin ningún tipo de filiación o compromiso político y que, por decisión propia, solo han salido a las calles o al ciberespacio a protestar.
Vigilar, coaccionar y reprimir. Ese horror es lo que han hecho hasta ahora aun con las dificultades que supone vulnerar las barreras de seguridad de cualquier celular que se comercializa actualmente en el mercado internacional, a las que se suman las medidas de contención contra hackeo que cada cual aplique como refuerzo en su dispositivo.
Así que ya podemos imaginar hasta qué punto habrán de llegar cuando el teléfono “made in PCC” que usemos, así como las aplicaciones incorporadas de fábrica y que probablemente trabajen en segundo plano, les ahorren las molestias de una detención, un decomiso y hasta un rastreo de actividad en tiempo real, aun cuando desactivemos la ubicación, usemos la verificación en dos pasos o incluso una VPN. ¡Adiós privacidad!
Ese conjunto nefasto de empresa telefónica y dispositivo serían como la máquina perfecta de la represión.
Despojados de toda ingenuidad —como ha de ser cuando se vive en dictadura, y más en una en fase terminal— imaginamos a qué base de datos (o de análisis de datos) pudiera ir a parar toda esa información nuestra, privada, que habrá de ser recopilada por esos miles de teléfonos que pronto estarán interactuando con los nuestros, a través de los grupos en redes sociales y listas de contactos, aun cuando renunciemos a comprar un GDM. Porque 6 000 teléfonos, en manos de 6 000 personas, y cada una con no menos de 10 contactos, clasifica muy bien como “muestra representativa” de cualquier análisis de datos.
Porque en Cuba nada es “casual”, recordemos que este “celular criollo” nos llega no solo cuando más candente, inestable e incontrolable está la situación política en la Isla sino cuando se acaba de anunciar una nueva y curiosa carrera en la Universidad de La Habana: Licenciatura en Ciencia de Datos, la cual sin dudas será de gran utilidad para el régimen (junto con las “cosillas oscuras” que sabemos hacen en la Universidad de Ciencias Informáticas), en el estudio de todos esos millones de datos que vamos arrojando por ahí, no precisamente al vacío, cuando usamos Transfermóvil o EnZona, cuando descargamos apps y contenidos en los Joven Club de Computación, cuando compramos en una tienda en MLC, cuando nos hacemos el pasaporte, el carnet de identidad o cuando el agente de Inmigración nos interroga y chequea en frontera.
Ahora a estas herramientas del Gran Hermano que nos acecha en cada momento de nuestras vidas en dictadura, podemos sumar este nuevo “rastreador de conejillos de Indias”, incluso con lector de huellas incorporado (reparemos con cierta suspicacia en este, digamos, “valor añadido”) que es el teléfono GDM, cuyas siglas, por cierto, derivadas de la abreviatura GEDEME, literalmente significan “Gente de Mérito”, es decir, “gente especial”, aunque de manera oficial representa a la Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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