LA HABANA, Cuba.- Mucho se ha hablado de que los trabajadores cubanos no poseen sentido de pertenencia que los ate emocionalmente a sus centros laborales. No se sienten dueños de las fábricas y entidades donde laboran no obstante el eslogan enarbolado por las autoridades en el sentido de la supuesta propiedad social sobre los medios de producción.
Esa masa trabajadora es consciente de que los verdaderos dueños son la camarilla que detenta el poder en Cuba, la cual en muchos casos despojó a los auténticos propietarios mediante dudosos procesos de confiscaciones. A todo lo anterior hay que añadir las malas condiciones de trabajo que hoy soportan buena parte de los trabajadores, algunos de los cuales reciben un salario mensual que no les alcanza para adquirir la cacareada canasta básica de bienes y servicios. Una canasta que ha experimentado un alza impresionante de sus precios como consecuencia de la implementación de la fallida Tarea Ordenamiento.
Y aunque menos mencionado, también trasciende el escaso sentido de pertenencia entre los jefes y administradores de entidades estatales en el país. Un elemento que se pone de manifiesto, entre otras cosas, en el deficiente, o a veces inexistente control interno en los centros laborales.
Ese control interno es un engranaje creado en las empresas y entidades para chequear la integridad de sus recursos, y en consecuencia evitar las acciones delictivas que pudieran producirse. Acciones delictivas que, contrario a lo que cualquiera pensaría, en el abigarrado contexto cubano son cometidas generalmente por el propio personal de esos centros.
Pero para que haya control interno, es preciso en primera instancia que los jefes y administradores convengan en la necesidad de la presencia del orden y la legalidad en sus entidades. Así se detectarían las anomalías con los propios medios y no harían falta las auditorías y comprobaciones externas de la Contraloría General de República y los auditores de los ministerios para detectar los errores metodológicos o las acciones de franco carácter delictivo.
En días pasados se celebró el 109 Pleno del Consejo Nacional de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Paralelo a ese evento, los comités provinciales de ese gremio también efectuaron reuniones, en las que fue inevitable que se trataran, entre otros asuntos, la galopante inflación que afecta aún más el ingreso de los trabajadores; la escasa participación obrera en las asambleas convocadas por el sindicalismo oficialista; el pobre dominio del trabajo sindical que exhiben muchos cuadros de esos sindicatos, y por supuesto las acciones delictivas que tienen lugar en los centros laborales del país.
En ese sentido, por ejemplo, en el Pleno Provincial de la CTC en la provincia de Pinar del Río se informó de la ocurrencia de 210 hechos delictivos en centros laborales hasta el cierre del mes de octubre. Ciento dos de esos hechos tuvieron lugar en entidades de la agricultura y 31 en el comercio y la gastronomía. Y lo más significativo fue que tales sucesos fueron detectados por controles externos, lo que puso al descubierto la fragilidad o inexistencia del control interno en esas entidades. De ello se desprende que ni los jefes ni los trabajadores de esos lugares poseen sentido de pertenencia. Porque, lógicamente, nadie se robaría a sí mismo.
En los referidos Plenos se habló de la necesidad de implantar una medida que causaría risa si no fuera por la excepcionalidad del caso cubano. Se trata de chequear la labor en horas de la madrugada de los cuerpos de vigilancia contratados en los centros laborales. Es decir, ¡vigilar a los que se dedican a la vigilancia en las fábricas y entidades! Algo en verdad diabólico.
Pero bueno, en el fondo esos vigilantes contratados son también trabajadores que “luchan” por subsistir a como dé lugar.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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