LA HABANA, Cuba. – “Es una injusticia lo que le están haciendo. No se están respetando los derechos humanos. Mi hijo incluso fue golpeado. Él es un muchacho de buena conducta, que ni siquiera tiene antecedentes penales, y solo salió pacíficamente a reclamar sus derechos”, declaró a CubaNet Nedel García Pacheco, padre de Andy García Lorenzo, detenido en Santa Clara, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio (11J).
El joven de 23 años se halla cumpliendo medida de prisión provisional en el centro penitenciario de la provincia conocido como La Pendiente y en espera de juicio por los supuestos delitos de “atentado”, “desorden público” y “desacato”.
García Lorenzo estuvo desaparecido por más de 24 horas. Solo mediante gestiones personales la familia pudo saber dónde se encontraba. Aunque no se resistió, fue golpeado durante la detención y después, estando esposado dentro del auto patrullero, denuncia su familia.
La primera visita permitida ocurrió ocho días después del 11J. Salió a ver a su madre con un pulóver de mangas largas y pantalón, lo cual extrañó a la mujer porque había un intenso calor. A la segunda visita, el 26 de julio, le pudo explicar a la madre que su vestimenta se debió a las marcas de los golpes que aún tenía en el cuerpo y que los policías le habían exigido ocultar como condición para ver a su familia. Al día siguiente lo trasladaron a la prisión del territorio conocida como La Pendiente.
“Ya hemos contratado abogado, hemos presentado pruebas de que su protesta fue pacífica, y nada, no nos hacen caso. Estamos desesperados”, señaló el padre.
Su hermana, Roxana García Lorenzo, expone que desde la última visita solo conocen de su situación porque le permiten una llamada telefónica a la semana, de apenas un minuto de duración.
Estado de indefensión
Según el auto de imposición de medida cautelar, con fecha 16 de julio, junto a Andy están siendo acusados: Mercy Daniela Pichs Martínez (23 años), Laván Hernández Sosa (30 años), Maikel Fleites Rivalta (36 años), Yerman David Gutiérrez Dueñas (17 años), Lázaro Raúl Fleites Gómez (34 años), Ángel Carrazana Caso (62 años), José Miguel Gómez Modeja (25 años).
Asimismo, en el documento expedido por la Fiscalía se señala: “De las actuaciones aparecen motivos suficientes para suponer penalmente responsable a los acusados, atendiendo a las circunstancias del hecho y a la personalidad de los participantes, independientemente de la extensión y calidad de la prueba para que el Tribunal pueda en su día formar convicción en cuanto al delito al momento de dictar su fallo”.
Un abogado consultado por CubaNet y que pidió no ser identificado explica que el hecho de que la ley disponga que la medida de prisión preventiva la decida un fiscal, o sea, la parte que acusa, constituye una violación a los derechos fundamentales del acusado, puesto que esta decisión solo compete a un tribunal, la parte supuestamente neutral.
“El fiscal y el abogado deben hacer sus peticiones y valoraciones y el tribunal decidir. Que lo decida el fiscal unilateralmente, que es una de las partes y además quien acusa, crea una disparidad enorme en el proceso y estado de indefensión. Imagina que sean los abogados quienes decidieran si sus clientes deben esperar el proceso en libertad o en prisión, hasta los asesinos en serie estarían en la calle. Esa es una de las razones del uso y abuso de la prisión preventiva”, afirmó el letrado.
Mientras Andy y cientos de detenidos enfrentan procesos similares por participar en las protestas del 11J, la familia del joven se aferra a los mecanismos legales. Por su parte, el abogado ha solicitado un cambio de medida cautelar pero no han recibido respuesta.
El 11J se registraron protestas en más de 50 localidades del país en las que miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad y el fin de la dictadura. A más de un mes del suceso, los familiares de los manifestantes continúan denunciando las injustas y violentas detenciones, así como los procesos penales iniciados por las autoridades cubanas.
Desde entonces, la cifra de detenidos y desaparecidos aumenta diariamente, según la documentación de organizaciones independientes, pues las autoridades cubanas se han negado a notificar la cifra oficial. Este 13 de agosto, Cubalex registró 821 personas arrestadas, de las cuales 260 han sido excarceladas. Mientras, 10 casos corresponden a desapariciones forzadas.
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