LA HABANA, Cuba. — Las desproporcionadamente largas condenas de prisión impuestas a más de un centenar de participantes en las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba han venido a demostrar que el régimen castrista —o el patético remedo que va quedando de él— aún no ha agotado su capacidad para superar su cota de barbaridades y crueldad.
Condenas de más de 20 años de cárcel, y de hasta de 30, han sido impuestas a varias decenas de jóvenes, muchos de ellos acabados de arribar a la mayoría de edad, acusados de “sedición”, un cargo que a todas luces resulta una exageración, una desmesura, para imputárselo a participantes en manifestaciones callejeras que empezaron pacíficamente y en las que, si bien hubo algunos hechos violentos y vandálicos —no se descarta pudieron ser estimulados por provocadores parapoliciales—, la mayor parte de la violencia la aportaron los represores.
Algunos de los condenados lanzaron piedras, rompieron vidrieras y volcaron carros patrulleros. Y un policía de gatillo presto mató a un hombre por la espalda e hirió a otros cinco manifestantes en La Güinera. Evidentemente, fue mayor la proporción de violencia por parte de la policía.
¿Cómo calificar de “sedición” a un estallido social que a fuerza de tanto descontento popular se veía venir hacía tiempo? Lo raro es que no hubiese ocurrido mucho antes. Lo raro sería que no vuelva a ocurrir en cualquier momento.
Los mandamases castristas lo saben y lo temen. De ahí la desmesura de estas condenas, que pretenden ser un escarmiento ejemplarizante, como lo fue, en el año 2003, el fusilamiento de los tres hombres que intentaron secuestrar la lanchita de Regla. Un crimen del que pronto se cumplirá el aniversario 19.
Como la ola represiva y aquellos fusilamientos de la primavera de 2003, estas exageradas condenas a los manifestantes del 11J han provocado el espanto y repudio internacional. Y numerosas quejas, Cuba adentro, de personas que no pueden entender este cruel castigo contra personas que no usaron armas ni pusieron bombas ni mataron a nadie. Hasta Silvio Rodríguez se pronunció en contra de las condenas. Y si no hay más pronunciamientos de otras figuras públicas es por miedo a las represalias.
Por estos días he escuchado a algunas personas comentar que ni siquiera a los encarcelados durante la revuelta del 5 de agosto de 1994 en La Habana (el llamado Maleconazo), la mayor protesta callejera que tuvo que enfrentar el régimen hasta que fue ampliamente superada por las protestas masivas del 11 de julio en 50 ciudades y poblados del país, les impusieron tan largas condenas de prisión. Y es cierto. Las de ahora duplican y más a aquellas condenas de 1994. Sucede que hoy los mandamases castristas, con las opciones agotadas ante el creciente malestar popular, están más asustados y rabiosos que entonces.
El miedo de la dictadura se evidencia en el reforzamiento de su draconiano arsenal jurídico represivo, que alcanzará su máxima concreción en el nuevo Código Penal. Ese instrumento de inspiración nazi-stalinista desecha casi en su totalidad las recomendaciones hechas hace unos años, para la redacción del proyecto de Código, por una comisión de especialistas creada por el Tribunal Supremo. Dicha comisión, que se proponía reducir la cantidad de presos en las cárceles cubanas y adecuarse un poco más a las normas penales internacionales, recomendaba, entre otras cosas, la eliminación de la pena de muerte, de la peligrosidad social predelictiva, la despenalización de delitos tratados universalmente como contravenciones, la disminución de los límites mínimos de los marcos sancionadores, y que delitos como el desacato se castigaran con sanciones alternativas a la privación de libertad.
Cuando en abril ese Código Penal sea aprobado por unanimidad —qué duda cabe— por la siempre dócil Asamblea Nacional del Poder Popular, el aherrojamiento de la dictadura sobre la sociedad cubana será todavía más fuerte de lo que ya es.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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