LA HABANA, Cuba. – El alto representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, se comprometió a seguir de cerca la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el próximo 15 de noviembre (15N), según publicó el diario español ABC luego de acceder a fuentes en Bruselas.
El medio español indicó, además, que Borrell no había especificado si los diplomáticos de la UE saldrían a la calle ese día para acompañar a los participantes o lo harían desde sus despachos.
El compromiso del Alto Representante se realiza en respuesta a una petición dirigida a su persona mediante una misiva firmada el 20 de octubre último por varios eurodiputados. En el documento se solicita al jefe de la diplomacia europea “que garantice la presencia de representantes de la delegación de la UE como observadores durante esta manifestación (15N) en las capitales de provincia más importantes como La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara”.
Asimismo, en la carta citada por el diario ABC, los eurodiputados recuerdan a Borrell que “el apoyo a la sociedad civil es uno de los puntos que condicionaron el apoyo que el Parlamento Europeo dio al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba en su resolución del 5 de julio de 2017”.
ABC también asegura que, en su respuesta, Borrell apoyaría la decisión de seguir todo aquello que pueda afectar a la sociedad civil cubana, cumpliendo así con el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el 18 de abril de 1961, y el cual señala, entre las funciones de una misión diplomática, “la de enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Gobierno del Estado acreditante”.
Asimismo, este Convenio, rubricado por Cuba en noviembre de 1963, contempla obligaciones por parte del Estado receptor de garantizar “a todos los miembros de la misión la libertad de circulación y de tránsito por su territorio” (artículo 26), así como que “la persona del Agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto” (artículo 29).
De esta forma, el Gobierno cubano no podría impedir a los diplomáticos de la UE salir a la calle el 15N.
El 10 de noviembre, también en respuesta a la petición de varios grupos de activistas, políticos y organizaciones, entre ellas el grupo Archipiélago, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anunció que haría un “monitoreo remoto” de las marchas del 15N.
Por su parte, este 11 de noviembre Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, manifestó preocupación por “el anuncio del fiscal general que niega a #HRD (Human Rights Defenders) el derecho a realizar marchas, en violación de los derechos fundamentales. Recordamos al Estado su obligación de habilitar un entorno seguro para expresar disconformidad y para la #ParticipaciónCívica”, dijo al compartir en su cuenta de Twitter un artículo de Cubadebate en el que la Fiscalía cubana advertía “a ciudadanos convocantes sobre consecuencias legales de persistir en marcha ilegal”.
“Habrá que ver ahora cuál es la reacción del Gobierno de Cuba ante el paso adelante dado tanto por Bachelet como por Borrell ―culmina la información de ABC―, para asegurar que discurra con normalidad y de forma pacífica la marcha del 15N, en la que el pueblo cubano pedirá cambios, más libertades y la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra supera actualmente las 600 personas”.
En las últimas semanas han aumentado las acciones represivas de la Seguridad del Estado cubano tanto contra los coordinadores del grupo Archipiélago como contra sus familiares, amigos y personas que han expresado su respaldo al 15N.
Según la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15N, perteneciente al grupo Archipiélago, solamente entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre se registraron un mínimo de 45 denuncias por acciones represivas, violatorias de derechos humanos reconocidos internacionalmente: actos de repudio, expulsiones de centros de trabajo, citaciones, interrogatorios y amenazas, aumento de operativos policiales para vigilar, detenciones arbitrarias, y difamación e intimidación en la televisión nacional y medios de prensa oficiales.
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