MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno cubano considera al empresariado independiente un “mal necesario” y le impone un “techo de cristal” que restringe su expansión en medio de una “crisis económica profunda”, afirmó a EFE el investigador Ricardo Torres Pérez, autor del estudio Sector privado en Cuba: ¿Válvula de escape o motor de desarrollo?, divulgado este martes por el Cuba Study Group.
El análisis, citado por EFE, sostiene que el sector privado ya tiene un peso relevante: en dos años se han registrado más de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de alrededor del 30% del empleo. No obstante, su capacidad de crecer sigue frenada por la falta de compromiso del Estado con la libre empresa, apuntó Torres.
“Cuba está atravesando una crisis económica profunda”, dijo el profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington. Según explicó, el contexto reduce oportunidades de negocio y contrae la demanda por la desigualdad de ingresos: “Una buena parte de la ciudadanía, de los consumidores, tienden a concentrarse en los productos de primera necesidad, y ya no queda mucho más para comprar otras cosas”.
Para Torres, el clima empresarial está marcado por la incertidumbre y el control estatal: “Ahora mismo hay mucha incertidumbre en el sector privado, porque la economía está ahogada. Depende de regulaciones de un Gobierno que no está comprometido con la libre empresa”. Añadió que “no hay un compromiso, porque la ideología que prevalece todavía en el Gobierno entiende al sector privado como una amenaza”.
El autor describió un esquema de actuación imprevisible por parte de las autoridades, con redadas, inspecciones, cambios regulatorios, topes de precios y ajustes tributarios. “Siempre hay una regulación nueva que se puede hacer para molestar a la empresa privada de una manera u otra”, algo posible “en cualquier momento, como lo han demostrado en estos meses recientes”, pues el Estado llega “hasta donde quiere llegar”, aseguró.
Aunque el sector privado ha ocupado espacios dejados por el Estado —en comercio minorista, transporte y servicios al hogar—, sigue siendo tratado como una válvula de escape y no como motor de desarrollo: “No es prioridad hacer crecer la economía”, afirmó Torres.
El investigador rechazó la idea de que el auge privado dependa de vínculos con el oficialismo: “No veo en ningún lugar prueba convincente de que la mayoría del sector privado son gente que vino del Gobierno o que tiene la empresa porque tienen conexiones con el Gobierno. Eso no es así”. A su juicio, “la realidad de la mayoría del sector privado” es que “el Gobierno cubano no lo quiere en última instancia, porque sabe que el día que les dé rienda suelta, desaparece prácticamente la economía estatal”.
Sin embargo, Cubanet y otros medios independientes han investigado empresas privadas con estrechos vínculos con el oficialismo o que son propiamente de miembros del régimen y sus familiares. Por ejemplo, Lisa Titolo, una de las nietas de Raúl Castro, quien se presenta como empresaria privada, tiene entre otros “emprendimientos” una tienda en línea, una fábrica de cárnicos y otra de materiales de la construcción.
Si bien, no existen pruebas o es razonable pensar que las decenas de miles de mipymes que hay hoy en Cuba, todas están conectadas con al poder, sí hay probadas conexiones entre varios de los negocios más rentables y prósperos y la cúpula. Media Luna, la primera mipyme aprobada en Ciego de Ávila fue en el pasado reciente fue una empresa alimentaria estatal que luego fue transformada en un “proyecto de desarrollo local” (una forma de empresa público-privada) y que, finalmente, evolucionó a mipyme.
Este peculiar negocio “no estatal” comparte frecuentemente en sus publicaciones en redes sociales discursos de Fidel Castro; rememora con tristeza su muerte y celebra episodios de la Revolución como el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Y era un negocio protegido y privilegiado por Alejandro Gil, antiguo ministro de Economía.
El informe en cuestión, omite que a diferencia de lo ocurre en la mayoría de los países, en los que el registro de una empresa consiste en un simple trámite administrativo en el que el Estado solo vela porque se cumplan unos requisitos legales, en Cuba, el proceso está orientado a servir de filtro. Diferentes instituciones del Estado pueden vetar o dar luz verde a un negocio, con independencia de que este cumpla o no con las condiciones establecidas en la ley. Y ahí entran los filtros políticos. Un opositor en Cuba no podrá ser nunca un empresario privado. No se le permite.
Torres también alertó sobre factores externos, en particular las políticas de Estados Unidos, que dificultan la financiación y los pagos internacionales por las restricciones financieras y la ausencia de relaciones bancarias normales. Los cambios recientes en las políticas de visado limitan además los viajes de empresarios cubanos para explorar oportunidades comerciales: “Si pudieran llegar a realizar una exportación en un momento determinado, duplicarían, triplicarían las ventas que tienen”, destacó.
Al respecto Cubanet publicó un reportaje en 2024, sobre cómo la mayoría de los negocios privados que viajaron a Estados Unidos, tenían nexos con el gobierno. Incluso el viaje fue organizado por Alfonso Larrea, agente de la Seguridad del Estado.
El estudio, según EFE, documenta que la eliminación de beneficios fiscales, los topes de precios y los límites a la rentabilidad de contratos con empresas estatales han estrechado aún más el margen operativo. Cita en particular la supresión en 2023 de exenciones impositivas, que redujo los márgenes y elevó el riesgo de cierre para decenas de negocios.
Pese a la resiliencia mostrada por los emprendimientos, el informe concluye —según EFE— que esa capacidad no se traduce en prosperidad sostenida. Aunque el sector genera empleo y cubre nichos desatendidos, su aporte al PIB está por debajo de su potencial debido a las restricciones internas y externas. La combinación de crisis económica, límites impuestos por el Estado y el bloqueo financiero de EE.UU. mantiene al empresariado cubano en una posición vulnerable, se lamentó Torres.
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