MADRID, España.- El Estado cubano registró en 2023 un déficit fiscal de 94.959,1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 38.8 % en comparación con sus ingresos. Este déficit es el más alto desde que comenzó la grave crisis económica en 2020, según cifras del Ministerio de Finanzas y Precios publicadas este jueves.
Los ingresos totales del Estado alcanzaron los 245.076 millones de pesos, un leve aumento respecto a 2022, pero aún inferiores a los de 2021. Por otro lado, los gastos estatales ascendieron a 340.492,3 millones de pesos, marcando un aumento del 8 % en comparación con el año anterior. Los sectores que más contribuyeron a este gasto fueron la Salud Pública y Asistencia Social, la Administración Pública —que incluye Defensa y operaciones financieras— y la Educación.
La galopante inflación en el país alcanzó el 30.48 % en julio pasado. La variación del índice de precios al consumo (IPC) con respecto a junio fue del 0.83 % y la acumulada en lo que va de 2024 se ubica en el 18.78 %, de acuerdo con los más recientes datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Economistas independientes advierten que la monetización del déficit, impulsada por la incapacidad del gobierno para financiarse en los mercados internacionales, está exacerbando la inflación y empeorando la situación económica. Además, se proyecta que el déficit fiscal para 2024 podría ascender al 18.5 % del PIB, una de las cifras más altas en la historia reciente de Cuba.
El régimen cubano implementa constantemente medidas económicas fallidas con el pretexto de sacar al país de la crisis. Entre las más recientes están la gestión del presupuesto, los topes de precios y la bancarización. Sobre estas, el economista cubano Pedro Monreal argumenta que la verdadera estrategia del Gobierno se centra en la reducción de los salarios y pensiones reales, lo que ha resultado en un empobrecimiento generalizado.
De acuerdo con el especialista, la política de estabilización macroeconómica en Cuba se ha enfocado en la contención de la demanda agregada a través de la compresión de la remuneración del trabajo como porcentaje del PIB, lo que ha sido el principal instrumento del Gobierno para intentar controlar la inflación. Monreal describe esta estrategia como una receta que, lejos de resolver los problemas económicos, ha agravado la situación, empobreciendo aún más a la población y limitando la capacidad de respuesta económica del país.
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