MADRID, España.- La reciente aprobación de la Ley de Publicidad y Patrocinio del Deporte en Cuba fue presentada por el régimen como una oportunidad para “revitalizar” el sistema deportivo. Según explicó Karel Pachot, director jurídico de INDER, durante una emisión del programa oficialista Bola Viva, la medida permitirá que “todo actor económico, estatal o no estatal, pueda solicitar acciones de publicidad y patrocinio en el sistema deportivo cubano”.
Pachot aseguró que la ley “ratifica una práctica que ya existía de forma circunstancial” y que ahora se institucionaliza a partir de la Resolución 41/2025. La normativa establece un esquema centralizado de aprobación: mientras el INDER se encargará de los eventos nacionales e internacionales, las direcciones provinciales y municipales asumirán la autorización de la publicidad y el patrocinio a nivel local.
“Un privado quiere patrocinar al equipo de Santiago de Cuba en la Serie Nacional. Se acerca a la Dirección Provincial de Deporte, presenta su proyecto, la provincia lo evalúa y, si lo considera viable, lo presenta a la instancia nacional para su aprobación”, explicó Pachot.
El funcionario precisó además que los equipos podrán incorporar “logos de las marcas de los patrocinadores en los uniformes”, mientras que en los estadios “únicamente hasta alrededor de un tercio de los espacios disponibles se podrán utilizar en publicidad comercial”. También afirmó que empresas como Ciego Montero ya han actuado como patrocinadores en eventos anteriores, garantizando, por ejemplo, el suministro de agua.
Sin embargo, a más de dos meses de que la normativa entrara en vigor, ninguna empresa —ni estatal ni privada— ha formalizado acuerdos de patrocinio con equipos. Esta ausencia refleja la desconfianza y falta de incentivos reales en un sector que atraviesa una de sus crisis más profundas: partidos suspendidos por falta de transporte y agua, estadios deteriorados y una infraestructura deportiva colapsada.
A esto se suma el laberinto burocrático impuesto por el propio INDER, que obliga a los patrocinadores a atravesar múltiples niveles de aprobación antes de concretar cualquier acuerdo. Este esquema centralizado contrasta con la práctica habitual en otros países, donde los clubes negocian directamente con patrocinadores, agilizando el proceso y garantizando beneficios mutuos.
Aunque el discurso oficial insiste en que la medida “dejará frutos para todas las partes”, el contexto actual sugiere que la ley podría quedarse en el papel. Sin autonomía real para los equipos ni seguridad jurídica para los inversores, la promesa de convertir la publicidad en un salvavidas para el deporte cubano luce, por ahora, más como un anuncio que como una solución.
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