MADRID, España.- La escritora y activista feminista Ileana Álvarez, directora de la plataforma independiente Alas Tensas, cuestionó la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a propósito del caso de Ana Ibis Tristá Padilla, una presa política de 37 años que cumple una condena de 14 años de cárcel.
«Es vergonzoso pensar que el gobierno que la mantiene presa ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los Estados que le conceden ese respaldo contribuyen a blanquear sus abusos y deberían responder ante quienes lo padecen», declaró Álvarez a Martí Noticias.
Sus declaraciones se producen después de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) difundiera, el pasado 16 de noviembre, una carta escrita por Tristá Padilla desde la prisión de mujeres La Veguita, en Las Tunas, donde denuncia las irregularidades de su proceso judicial y las consecuencias que el encarcelamiento ha tenido para ella y su familia.
Álvarez considera que el caso de Tristá Padilla refleja una forma de violencia política que afecta particularmente a las mujeres que expresan públicamente su oposición al Gobierno cubano. De acuerdo con la directora de Alas Tensas, el encarcelamiento de activistas también tiene consecuencias para sus familias y busca desalentar la participación cívica de otras mujeres.
«Me han arrebatado años de vida»
En la carta difundida esta semana por el OCDH, Tristá Padilla denunció que el encarcelamiento le había arrebatado años de vida y la posibilidad de permanecer junto a sus seres queridos. Pese a ello, reafirmó sus convicciones políticas y su esperanza de que Cuba experimente cambios.
La organización reiteró su exigencia de libertad inmediata para la activista.
Por su parte, Ileana Álvarez insistió en la importancia de acompañar a las mujeres encarceladas por motivos políticos, dar visibilidad a sus denuncias y reclamar que puedan ejercer sus derechos sin ser castigadas por sus opiniones.
Sus declaraciones sitúan nuevamente el caso de Ana Ibis Tristá Padilla en el debate sobre la responsabilidad de los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y las garantías que deben ofrecer a quienes ejercen la libertad de expresión y la participación política.
El caso de Ana Ibis Tristá
La situación de Ana Ibis resulta especialmente significativa por los antecedentes de su proceso judicial. La activista fue detenida inicialmente el 7 de noviembre de 2023 en Camagüey, acusada de participar en la organización de una marcha antigubernamental en Las Tunas que nunca llegó a celebrarse.
Las autoridades también le atribuyeron vínculos con la colocación de carteles de contenido político y supuestos planes para fabricar cócteles molotov y atacar una instalación del Ministerio del Interior.
Sin embargo, el primer proceso judicial terminó con una absolución por insuficiencia de pruebas.
El juicio inicial se celebró el 18 de octubre de 2024, en condiciones que la propia acusada denunció como irregulares. La vista, prevista originalmente en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, fue trasladada al teatro de una prisión en Las Tunas.
La sentencia absolutoria fue dictada el 24 de noviembre de 2024, aunque se conoció públicamente en enero de 2025. En ella, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Tristá Padilla y del también activista Jarol Varona Agüero.
La Fiscalía recurrió la decisión y se ordenó repetir el juicio. El 19 de septiembre de 2025, Tristá Padilla fue notificada de una condena de 14 años de privación de libertad por los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» y «otros actos contra la seguridad del Estado». Ese mismo día fue encarcelada nuevamente.
El Tribunal Supremo ratificó la condena en agosto de 2026. Varona Agüero, procesado en la misma causa, recibió una sanción de 13 años.
El encarcelamiento de Ana Ibis también está relacionado con una historia familiar de activismo político. Su esposo, Damián de Jesús Hechavarría Labrada, fue condenado a cinco años de prisión tras una protesta ocurrida en abril de 2021 en Las Tunas, durante la cual gritó consignas contra el Gobierno, entre ellas «Patria y Vida».
A partir de entonces, Tristá Padilla comenzó a utilizar las redes sociales para denunciar el encarcelamiento de su esposo y visibilizar la situación de otros presos políticos cubanos.
A los cuestionamientos sobre el proceso judicial se suman las denuncias por el deterioro de su salud. La activista ha reportado problemas renales, asma crónica, pérdida considerable de peso y dificultades de movilidad.









