LA HABANA.- En las últimas semanas se han multiplicado las noticias sobre actos represivos perpetrados por la policía política del régimen cubano. Hablamos de la Seguridad del Estado, conocida también, desde los primeros años de este gobierno, como el G2.
Varios periodistas independientes han sufrido detenciones. En un artículo publicado días atrás en El Estornudo, la periodista Katia Monteagudo menciona los casos de nuestros colegas Yoani Sánchez, directora de 14ymedio; Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC, y Adelth Bonne Gamboa. Estos dos últimos son colaboradores de CubaNet.
Monteagudo hace hincapié en modalidades represivas conocidas desde hace décadas, algunas de las cuales padeció personalmente el autor de estas líneas: detenciones, traslados a unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y permanencia durante cierto tiempo dentro de una patrulla cerrada, bajo el inclemente sol tropical.
También está el caso de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, medio radicado en Camagüey, y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El periodista permanece encarcelado desde septiembre.
Junto a estas prácticas conocidas aparecen denuncias de otros métodos cuya gravedad merece especial atención. Me refiero, en particular, a las amenazas de muerte que, según su testimonio, sufrió el periodista de este diario digital Vladimir Turró Páez mientras un agente blandía una pistola.
“No sé mucho de armas. No sé si el cargador tenía balas. Lo que sí sé es el terror que sentí. Pensé que iban a acabar con mi vida”, declaró el colega a CubaNet.
No recuerdo haber conocido en los últimos lustros una denuncia semejante por un periodista independiente cubano. Eso no significa que no existan antecedentes, pero sí obliga a detenerse en la gravedad de lo relatado: un arma de fuego utilizada, según la víctima, para intentar doblegar su voluntad y obligarlo a abandonar su trabajo.
Este martes, Alberto Méndez Castelló, colega mío por partida doble —periodista y graduado en Derecho—, abordó el caso en un artículo cuyo título plantea una pregunta imprescindible: “Una pistola para silenciar a un periodista: ¿quién investiga a la Seguridad del Estado?”.
Pero las denuncias recientes no terminan ahí. En Pinar del Río, el colaborador de la revista Convivencia Yoandy Izquierdo Toledo ha descrito otra forma de hostigamiento: las citaciones consecutivas y las esperas interminables en una dependencia de la policía política.
Según las informaciones difundidas, Izquierdo fue citado para las diez de la mañana de este lunes en la sede provincial de la Seguridad del Estado. Llegó a las 9:50 y tuvo que permanecer allí hasta pasadas las 5:20 de la tarde. Más de siete horas.
A esa hora lo atendió un teniente coronel identificado como Yasmani. Para justificar la demora, el oficial alegó que la electricidad acababa de llegar y que Criminalística no había podido terminar su trabajo.
La explicación resulta particularmente irritante en un país donde los apagones prolongados forman parte de la vida cotidiana. Las consecuencias de esa crisis también terminan recayendo sobre quien debe acudir a una citación policial y esperar durante horas sin poder disponer de su tiempo.
Y no les bastó con la jornada del lunes: volvieron a citarlo para el martes.
El ingeniero Dagoberto Valdés Hernández, director de Convivencia, lo acompañó ambos días como muestra de solidaridad, aunque no había sido citado. Sobre la segunda jornada escribió: “Desde hace cinco horas le recogieron el carnet de identidad y le dijeron que esperara sentado en la recepción”.
Eso era lo que se conocía al redactar estas líneas. Todo apuntaba a la repetición de lo ocurrido el día anterior. La espera, además de consumir horas, se convierte en un instrumento de desgaste e intimidación.
A estos episodios se suma la información publicada este martes en CubaNet, con la firma de Odette González: “Régimen cubano acusa de ‘atentado’ a la periodista Camila Acosta y al escritor Ángel Santiesteban”.
Acosta explicó que un oficial le comunicó telefónicamente que ella y su esposo debían comparecer este jueves en la estación policial de Zapata y C, en La Habana, por una acusación de supuesto atentado. Sin embargo, no les precisó los hechos que la sustentan ni quién la formuló.
La palabra no es menor. Se trata de una imputación penal que las autoridades tienen la obligación de fundamentar. Hasta ahora, según el testimonio de la periodista, ambos desconocen qué conducta concreta se les atribuye.
Acosta ha intentado encontrar una explicación. Sospecha que la acusación podría estar relacionada con el video que grabó a un presunto agente de la Seguridad del Estado cuando le impedía salir de su vivienda. Pero esa relación sigue siendo una hipótesis de la reportera, no una explicación ofrecida por las autoridades.
Más difícil aún le resulta comprender la inclusión de Santiesteban, quien, según ella, no estuvo presente durante los incidentes que considera posibles pretextos para el procedimiento.
Antes incluso de conocer los fundamentos de la acusación, ambos deben afrontar la incertidumbre de una nueva comparecencia policial. En un contexto de detenciones, vigilancia y amenazas previas, esa incertidumbre también pesa.
¿Qué explica esta sucesión de actos represivos? A mi juicio, podría tratarse de una respuesta del régimen a las presiones externas y a la política de la Administración de Donald Trump. Es una interpretación: los casos descritos no permiten, por sí solos, establecer esa relación causal.
También cabe mencionar los recientes pronunciamientos del G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, en los que se reclaman “reformas significativas” en Cuba y “pasos concretos” hacia “la democracia multipartidista”.
Las declaraciones internacionales tienen importancia, pero su efecto debe medirse también en la vida de quienes permanecen dentro de la Isla. Mientras se discute el futuro de Cuba, periodistas, escritores y activistas siguen enfrentándose a detenciones, amenazas y acusaciones cuyos fundamentos ni siquiera se les comunican al citarlos.
Esperemos que la presión contribuya a mejorar la situación catastrófica de nuestra patria y a reducir la represión contra quienes disienten. Por ahora, las denuncias descritas muestran cuánto falta para que un cubano pueda informar, opinar o reclamar sus derechos sin temor a las represalias.









