LIMA, Perú — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este sábado el “histórico” acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos y negó que el pacto implique una cesión de la soberanía sobre las reservas de crudo del país, después de que el anuncio provocara críticas entre algunos sectores.
Rodríguez compareció en la televisión estatal para explicar los alcances del convenio, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. El pacto otorgaría a empresas estadounidenses un papel mayoritario en la explotación de unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela.
“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó Rodríguez, quien presentó el acuerdo como un mecanismo para recuperar una industria golpeada por años de sanciones, falta de inversión y deterioro de su capacidad productiva.
La funcionaria sostuvo que el país necesita capital y tecnología extranjeros para volver a desarrollar sus reservas y cuestionó que estas permanezcan sin explotar. “De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad y podamos decir: ‘Somos el país con la mayor reserva del mundo’ cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela”, señaló.
Uno de los puntos que Rodríguez buscó aclarar fue la duración del convenio. Frente a versiones que apuntaban a una concesión de un siglo, aseguró que el proyecto tendrá una vigencia de 25 años.
“Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios”, detalló.
El acuerdo contempla además ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16 % y un impuesto sobre la renta del 34 %. Rodríguez comparó estas condiciones con las de la apertura petrolera de hace tres décadas, cuando, según explicó, las regalías llegaban apenas al 1 %.
La presidenta encargada también respondió a una de las principales interrogantes sobre el pacto: cuánto dinero recibirá directamente el Estado venezolano. De acuerdo con sus cálculos, los ingresos para Venezuela alcanzarían los 209.335 millones de dólares.
“Por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, afirmó.
Rodríguez presentó el acuerdo como una asociación en la Caracas y Washington aportarían capacidades diferentes. “Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, explicó, al señalar que Venezuela contribuirá con la experiencia de sus trabajadores y el conocimiento de la industria, mientras Estados Unidos proporcionará “capital, tecnología”, necesaria “para retomar el crecimiento”.
El Gobierno chavista pretende extender esta nueva etapa de cooperación a otras compañías energéticas internacionales. Rodríguez anunció que se negocian acuerdos adicionales con Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con la intención de incrementar la producción de hidrocarburos y desarrollar otros segmentos del sector.
“Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y tener un gran desarrollo petroquímico nacional”, afirmó.
La defensa pública del acuerdo incluyó además un reconocimiento a la propia Administración Trump, en un giro significativo respecto a la confrontación que caracterizó durante años las relaciones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.
“Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario [Marco] Rubio y a los miembros de su gobierno por el esfuerzo que han hecho para alcanzar este acuerdo”, declaró Rodríguez.
El convenio se produce en un momento de transformación de la relación entre Caracas y Washington y abre la puerta a una participación estadounidense de gran escala en la industria petrolera venezolana. Sus términos económicos, fiscales y operativos se han convertido en el centro del debate político en Venezuela de los últimos días, mientras Rodríguez insiste en que el acuerdo representa una herramienta para recuperar la producción sin renunciar a la propiedad estatal de las reservas.
