La Habana, Cuba.- El prisionero político Rolando Yusef Pérez Morera, en huelga de hambre desde el 10 de julio en la prisión de máximo rigor de Quivicán (provincia Mayabeque), no ha recibido atención médica pese a la debilidad de su estado.
Vía telefónica su madre, Nancy Morera Violat, contó a Cubanet que Pérez fue movido de destacamento pero no ha sido revisado por ningún doctor. El manifestante del 11J había sido trasladado para una celda tapiada cuando inició su protesta y se negó a consumir alimentos. El opositor acudió a la huelga para reclamar su traslado a su provincia de residencia.
Es habitual que el régimen envíe a los disidentes a cárceles lejanas para que no puedan ver con frecuencia a sus familiares.
En conversación previa con este medio, la madre del opositor narró cómo el 11 de julio de 2021 su hijo fue arrestado y golpeado por las tropas especiales en el parque de la iglesia de San Antonio de los Baños, su municipio de residencia, en la provincia Artemisa. Agregó de igual modo que Pérez Morera fue conducido inicialmente junto con al menos otros diecisiete manifestantes hacia el técnico de Cuatro Caminos. En ese centro de detención permaneció por un mes, y solo le permitían visitas de cinco o diez minutos cada siete días.
Después de haber recibido una petición fiscal de 11 años de cárcel, el presidente del movimiento Alianza Cívica Insurreccional cumple una sentencia de ocho por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato”, “desórdenes públicos” y “propagación de epidemias”.
El juicio en su contra fue celebrado durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2021 en el Tribunal Popular Municipal de Guanajay. En mayo de 2022 tuvo lugar la apelación pero rectificaron la sentencia.
En relación a su otro hijo, Adrián Rodríguez Morera, quien también se había declarado en huelga de hambre el 10 de julio, la mujer puntualizó que depuso la protesta después de quince días sin ingerir alimento, debido a que presenta signos alarmantes como inflamación en las piernas y hemorroides. Para estos padecimientos en la prisión no le habían suministrado ningún medicamento.
El prisionero político cumple una sanción de 7 años de privación de libertad en la prisión de Guanajay, también de máximo rigor, ubicada en la provincia de Artemisa.
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