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LA HABANA. ─ Hace un cuarto de siglo que las autoridades castristas no me permiten ejercer mi profesión de abogado. Pero no es raro que acudan a mi mente recuerdos de casos específicos en los que actué cuando todavía la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no había aprobado el acuerdo que, sin cumplir con los requisitos legales establecidos, me expulsó de esa entidad. De aquellos tiempos recuerdo cómo tenía que “buscar donde no había” para defender con lealtad a mis clientes. Esto, en medio de la arbitrariedad y la inseguridad jurídica que constituyen la regla dentro del sistema de “Administración de Justicia” (algún nombre debo darle) de la Cuba castrista. Muchas veces tuve que poner en práctica el sabio refrán: “De los errores de los gatos viven los ratoncitos”. En este caso —¡claro!— me correspondía desempeñar el papel del desvalido roedor pequeño en medio de los fiscales, jueces y meros instructores policiales que, como verdaderos depredadores, interpretaban el papel del felino cazador. En ese difícil empeño, de vez en cuando —aclaro que muy de tarde en tarde— surgía la posibilidad de aprovecharme, en mi accionar profesional, de algún pequeño margen que brindaban las autoridades castristas cuando aparecía una diminuta hendidura en el bloque sólido de su legislación antidemocrática y represiva. Una limitada posibilidad de ese tipo surgió cuando el fundador de la dinastía, en 1992, dispuso reformar la Constitución para, entre otras cosas, declarar “la libertad política” como uno de los supuestos fines del Estado Cubano de hoy. Por supuesto que se trataba —aún hoy se trata— de una vulgar engañifa. Es una contradicción en términos enarbolar un concepto tan elevado como ese en un país de partido único y “dictadura del proletariado”. Pero, como buen “ratoncito”, este servidor trataba de cumplir con los enunciados de la ética profesional al argumentar de forma repetida ante los tribunales que, al lanzar gritos de —digamos— “¡Abajo Fidel!”, un ciudadano no profería una ofensa; sólo estaba exteriorizando su desacuerdo con las políticas del entonces Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y esto último es una facultad inherente al ejercicio de esa “libertad política” proclamada en la superley reformada. Perdí la cuenta de las veces que planteé esa tesis ante diversos tribunales castristas, a los que argumenté que los hechos imputados eran atípicos; o sea, que no constituían delito alguno. Fueron las mismas veces que mi planteamiento fue rechazado por esas cortes, plegadas a los dictados del poder, en las que predominan los militantes del único partido político del país. Estas remembranzas de hace un cuarto de siglo vienen al caso con motivo de una noticia publicada el pasado martes por el portal digital Diario de Cuba. Su titular expresa la esencia de la información, la cual es del siguiente tenor: Una sentencia hace historia en Cuba al desestimar el ‘desacato’ como delito. El texto relata las vicisitudes del joven santiaguero Dairon Duque de Estrada Aguilera, quien hace meses voceó en plena vía pública no sólo la consigna anticastrista arriba reproducida (sin dudas, la más popular y reiterada en el seno de la oposición cubana). La completó gritando asimismo: “¡Abajo Raúl! ¡Abajo los CDR y abajo la Policía!”. La noticia nos aclara que, “luego de estar 13 días encarcelado sin cargos presentados, la Fiscalía preparó un caso contra él por el delito de desacato”. Todo parecía indicar —pues— que el sino del desdichado Dairon era convertirse en uno más de los infelices destinados a ser triturados en el inmisericorde trapiche del sistema judicial cubano. Pero he aquí que se encontró con un magistrado digno de la toga que viste. Razón tiene el periodista. Es verdad que esa resolución merece ser calificada como “histórica”. No todos los años uno se encuentra una sentencia de un país sometido al marxismo leninista en la cual se reconoce que no es delictiva la acción de un ciudadano que expresa su rechazo a determinados personeros e instituciones del poder. En este caso (y siempre según el mismo medio informativo), en el documento judicial se argumenta que “las expresiones desafectas que vociferaba el acusado (…) no constituyen actos contra autoridad, un funcionario público o sus agentes o auxiliares en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, sino que son parte de sus convicciones e ideología política”. ¡Bravo por los jueces que firmaron ese documento y por el informador que nos hizo conocer la noticia! Aunque a ese último conviene hacerle una breve observación: es probable que, por no tratarse de un hombre de leyes, el colega desconozca ese particular. Pero su mención de los tres integrantes del Tribunal Municipal es más bien infundada. Me explico: en la Cuba de hoy no existen órganos jurisdiccionales unipersonales; los juzgados pasaron a mejor vida. Esto, en teoría. Porque en la práctica, y a nivel municipal, es el Presidente, único graduado en leyes, quien “corta el bacalao”. Como regla, los llamados “jueces legos” se limitan a hacer bulto y firmar lo que les indica el aludido “juez profesional”. Por eso, en honor a la equidad, yo mencionaré, ante todo, el nombre de Javier Mustelier Armiñán, cuya argumentación —a no dudarlo— resultó determinante del fallo favorable al acusado, y a quien, en su condición de jurista, le correspondió redactar la sentencia absolutoria. La opinión pública debe mantenerse atenta a lo que suceda con este hombre de leyes, que pudiera convertirse en objeto de la represión del régimen de vocación totalitaria que impera en Cuba. Cuando un magistrado probo honra la toga que viste, debemos esperar que su postura digna reciba el castigo de la encumbrada jefatura. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

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