MIAMI, Estados Unidos. – Al menos dos reporteros de CubaNet en la Isla se encuentran sin servicio de internet móvil ni telefonía este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
“Me cortaron internet desde anoche”, confirmó a esta Redacción el periodista Vladimir Turró Páez, residente en La Habana. “Ahora acaba de venir la Seguridad del Estado con el presidente del CDR para decirme que no puedo salir de la casa”, también informó el reportero.
También la periodista Anay Remón se encuentra sin servicio de internet ni telefonía.
CubaNet intentó comunicarse infructuosamente con otros de sus corresponsales y colaboradores en la Isla. La falta de comunicación sugiere que se encuentran en la misma situación que Turró y Remón.
Hace dos meses, a inicios de octubre, varios periodistas y colaboradores de CubaNet que residen en la Isla fueron víctimas de acciones represivas dirigidas por autoridades del régimen. Estas acciones incluyeron amenazas, intimidación, detenciones breves y confiscación de bienes de trabajo y dinero.
Los periodistas, cuya identidad no se reveló para evitar mayores represalias, fueron amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares si continuaban su labor. No obstante, la represión no se limitó a las amenazas verbales: varios reporteros de CubaNet también fueron filmados contra su voluntad bajo coacción y tras horas de tortura psicológica, según denunciaron.
Asimismo, agentes de la Seguridad del Estado confiscaron bienes personales a los periodistas. Les arrebataron, además, sus dispositivos electrónicos y ahorros.
Estas acciones represivas forman parte de una creciente ola de acoso contra periodistas independientes y opositores en Cuba, un país donde el periodismo libre está penado. La intimidación hacia periodistas y activistas es una táctica común empleada por La Habana para suprimir voces críticas y evitar la difusión de información no controlada por el Estado.
El pasado 4 de octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social aprobada por el régimen de la Isla, que ha sido calificada como un nuevo instrumento de las las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Tras la aprobación de la ley, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al régimen cubano por su “ardid de legalizar la censura”, que refuerza la represión a la libertad de prensa y restricción de la libertad de expresión de los ciudadanos.
Michael Greenspon, nuevo presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, denunció el endurecimiento de las restricciones a los medios y periodistas en la Isla.
“Es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”, declaró Greenspon, según la nota publicada en la página web de la SIP.
“En sus más de seis décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos”, agregó.
Como se deriva de sus postulados, la normativa no garantiza la libertad de prensa en la Isla ni permite la difusión de contenidos independientes de los producidos por el Estado; solo reconoce la legalidad de los medios que están vinculados al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en el país.
Desde su aprobación, periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la ley representa un endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes en Cuba, que seguirán sin ser reconocidos por el régimen y cuyos periodistas están sometidos al acoso y las amenazas de cárcel de las autoridades.
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