SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un juez federal dictó una suspensión administrativa temporal en el programa migratorio Parole in Place (PIP), que permite a quienes se encuentren casados con ciudadanos estadounidenses, hayan residido en Estados Unidos durante 10 años o más, y no representen una amenaza para la seguridad pública o nacional, legalizarse y llegar a obtener la ciudadanía.
El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de Texas, emitió una suspensión administrativa que impide a la administración del Gobierno aprobar las solicitudes, que empezó a aceptar la semana pasada, mientras el tribunal estudia a fondo el caso.
BREAKING: Federal judge J. Campbell Barker temporarily blocks federal officials from granting legal status to undocumented immigrants married to U.S. citizens under a new Biden administration program, granting a request from 16 Republican-led states.
— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) August 26, 2024
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Al suspender la iniciativa, el juez Barker dijo que la demanda de 67 páginas presentada el viernes por una coalición de 16 estados, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, planteaba cuestiones legítimas sobre la autoridad del poder ejecutivo para eludir al Congreso y fijar la política de inmigración.
“Las reclamaciones son sustanciales y justifican un examen más detenido del que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Barker.
La demanda sostiene que el programa de Biden es ilegal e incentiva la inmigración ilegal. El documento fue presentado por Texas e Idaho, junto con 14 fiscales generales estatales de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
La administración puede seguir aceptando solicitudes para el programa, pero ya no puede aprobarlas, según la orden. La suspensión se mantiene inicialmente durante 14 días mientras las partes presentan argumentos en el caso.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo este lunes en un comunicado enviado por correo electrónico que el programa “permite a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares vivir sin miedo a la separación, en consonancia con los valores fundamentales de Estados Unidos”.
Los inmigrantes cuyas solicitudes fueron aprobadas antes de que el juez emitiera la suspensión no se verán afectados por el fallo, según el comunicado, y los cónyuges de ciudadanos estadounidenses podrán seguir presentando solicitudes, aunque no se concederán aprobaciones mientras la suspensión siga en vigor.
Parole in Place
Anunciado por la Administración Biden el 17 de junio de este año, se estima que el PIP otorgaría estatus legal temporal a unos 500.000 migrantes y a 50.000 menores de edad.
Los aplicantes al programa deben calificar para solicitar un ajuste de estatus. No obstante, las personas que en algún momento enfrentaron procesos de deportaciones o tienen antecedentes penales no califican para un ajuste de estatus, por eso este es uno de los indicadores más importantes a tener en cuenta.
Quienes pretendan aplicar al PIP, sugieren los especialistas, deben reunir las certificaciones de matrimonio, de nacimiento de los hijos, los pasaportes, datos de información ciudadana, de empleo y papeles que demuestren su permanencia en Estados Unidos por 10 años.
En ese sentido son válidos también los títulos de estudio, los comprobantes de pagos de impuestos, de la renta, de hipotecas, entre otros documentos.
