LA HABANA, Cuba.- Sin dudas, unas de las insatisfacciones que más salen a la palestra pública en las actuales condiciones de la sociedad cubana son las insuficientes pensiones que devengan los trabajadores acogidos a la jubilación. Todos los medios de difusión que reciben cartas de sus lectores acumulan una cantidad apreciable de quejas y observaciones acerca de tan delicado asunto.
En ese sentido sobresale un trabajo periodístico aparecido en el semanario Trabajadores, en el que autoridades del Instituto Nacional de Seguridad Social responden a inquietudes de los lectores, al tiempo que reafirman las pautas gubernamentales en materia de seguridad social.
Conviene destacar la manera en que el Estado se ha ido quitando de encima una parte importante del costo de la seguridad social -al menos en lo concerniente a las jubilaciones-, de forma tal que recaiga sobre los trabajadores el financiamiento de esa protección.
Antes de que se comenzara a hablar de la actualización del modelo económico, casi toda la contribución a la seguridad social corría a cargo de las empresas. O sea, que los trabajadores no recibían descuentos de salario por ese concepto. Únicamente a los trabajadores que laboraban en firmas extranjeras se les aplicaba un porcentaje de descuento para ese fin. También el presupuesto recibía los aportes para la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia.
Mas, a raíz del aumento de salario que recibieron los trabajadores del sector presupuestado en el 2019, se estableció que estos comenzaran a contribuir a los gastos de la seguridad social. Así, para aquellos que percibieran ingresos mensuales de hasta 500 pesos, se les aplicaba un descuento del 2.5% de su salario básico: y si se ganaba más de 500 pesos, la contribución era del 5%.
Más adelante, con el advenimiento de la Tarea Ordenamiento, se generaliza en el país la contribución de los trabajadores a la seguridad social. Todos los trabajadores, tanto del sector empresarial como del presupuestado, deben contribuir con el 5% de su salario básico.
Y a pesar de toda esa contribución de los trabajadores a la seguridad social, el oficialismo considera que aún es insuficiente, y que el Estado debe asumir la diferencia hasta llegar al gasto total que hoy representa este concepto.
Lo anterior viene como anillo al dedo para reafirmar, por boca de las autoridades de la Seguridad Social, el punto de vista oficial que exonera de más presiones al “pobrecito” Estado: “No pueden incrementarse los salarios y las pensiones si no se aumenta la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de la población y evitar la inflación, que tanto afecta a la economía del país”.
Y como todos sabemos que no habrá aumentos de la producción y los servicios, pues tampoco habrá aumentos de las pensiones. Esto cae como un jarro de agua fría sobre los pensionados cubanos, que aún tenían esperanzas de que sus pensiones sirvieran para afrontar la exorbitante carestía de la vida que se observa en la isla.
Basta con un sencillo ejemplo para ilustrar lo anterior. Con los precios de la bolsa negra, a la que deben acudir todos ante la insuficiente oferta del mercado estatal, un paquete de pollo a 500 pesos, una botella de aceite también a 500 pesos, una frazada de piso -si se encuentra- a 250 pesos, y un paquete de detergente también a ese último precio, acaban de un plumazo con la pensión media mensual que reciben los jubilados cubanos, que asciende a unos 1 578 pesos.
Si acaso, y malamente, le alcanzará la pensión a un jubilado para comer en uno de esos establecimientos denominados Sistema de Atención a la Familia, en los que nuestros jubilados se las ven peor que los hambrientos leones y cocodrilos en los zoológicos nacionales.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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