CIUDAD DE MÉXICO. – La Cumbre del ALBA-TCP, celebrada en La Habana con Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, llamó a la inclusión regional, aunque esos dictadores de izquierda están divorciados de los intereses de sus pueblos desde hace décadas.
La reacción ante la exclusión de las tres dictaduras de la Cumbre de las Américas ha revelado una vez más la nula importancia que le concede la izquierda latinoamericana a las violaciones de derechos humanos y a la violencia desatada por los tres regímenes contra las vidas de millones de ciudadanos latinoamericanos desplazados, desterrados, encarcelados, torturados y asesinados.
Los gobiernos de México, Bolivia, Honduras, Argentina y Chile confirman que sus agendas nacionales e internacionales no incluyen el tema de la democracia, los derechos humanos y los Estados de derecho, por los cual seguramente no van a plantearse políticas públicas ni cambios institucionales que favorezcan el control de la corrupción, la fiscalización de las violaciones de derechos humanos en sus países y tampoco la estricta separación de poderes y la prensa libre que garantiza instituciones fuertes y no cambiantes.
Para estos gobiernos, los millones de vidas violentadas por las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua no son de interés prioritario; lo es el partidismo ideológico y la lucha por hacerse hegemónicos cada uno en su zona. El eje central de la eficacia institucional, la transparencia, los contrapesos y la violación de los derechos humanos, endeblez que explica los problemas acumulados de las sociedades latinoamericanas, siguen engavetados para la izquierda latinoamericana.
Lejos de avergonzarse con estas ausencias de sus agendas, nos proponen que nos ocupemos de otros temas.
Por ejemplo, el periodista Matías Bianchi, director del Proyecto Asuntos del Sur, en su artículo reciente en El País critica la exclusión de las tres dictaduras de la Cumbre de las Américas. Para este periodista, los asuntos prioritarios a tratar en la reunión hemisférica son el narcotráfico, las migraciones, el capitalismo financiero desregulado y el cambio climático.
Priorizar otros temas y no los que producen inestabilidad regional con respecto a los derechos humanos es lo que ha mantenido en el poder a Daniel Ortega desde hace 15 años, a Chávez y Maduro por 23 años hasta ahora, y a Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por más de seis décadas, en detrimento de la democracia y los derechos humanos.
En cada ocasión, la izquierda latinoamericana se ha desentendido de los derechos humanos para centrarse en la agenda antiyanqui y eliminar su responsabilidad en las situaciones internas de sus países, o trasladar la responsabilidad de sus problemas internos a las políticas de EE. UU. Un mecanismo tan burdo y falso que se puede constatar en las denuncias y los análisis de la prensa latinoamericana en los últimos 30 años.
¿Por qué el respeto a los derechos humanos es la solución central de todos los problemas acumulados en la región latinoamericana durante décadas?
El respeto a los derechos civiles y políticos, económicos, culturales, sociales, laborales y jurídicos necesita una institucionalidad transparente y enemiga de la corrupción, que no dependa del partido político que gane una elección, y que pueda funcionar al margen y con ayuda de todos los partidos políticos en cada país.
Culpar del narcotráfico a la falta de recursos y no a una política deficiente para eliminarlo es una de las falacias de la izquierda latinoamericana. En el caso de México, EE. UU. ha proporcionado cuantiosa ayuda y colaboración directa para tratar de controlar dicha violencia cotidiana. En cambio, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha obviado o “normalizado” el narco, lo que hace endémica la muerte de decenas de miles de mexicanos cada año en su propio país.
Culpar a EE. UU. de la migración masiva de Centroamérica y el Caribe es otra oportunidad de los gobiernos latinoamericanos para evitar plantearse políticas públicas que permitan vivir a sus pueblos con sus proyectos de vida en condiciones de seguridad y prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos de izquierda, frente al tema de la emigración masiva lo que proponen es endurecer la política interna y violar aún más los derechos humanos, mediante pactos con EE. UU. En el caso de Cuba, la política es expulsar a sus ciudadanos mediante la represión y el terror. Lo mismo hacen las dictaduras nicaragüense y venezolana para aniquilar la oposición.
Además, culpar a EE. UU. de las consecuencias del cambio climático, por falta de recursos en sus países para combatirlo, es otra falacia. ¿Cuáles políticas públicas internas en los países atenúan el cambio climático y qué recursos pone cada gobierno para ello?
Culpar a los EE. UU. de las políticas internas con relación al capitalismo financiero desregulado es otra falacia. Aquí, la izquierda latinoamericana en el poder quiere hacerse invisible y no responsable de sus propias políticas económicas internas.
Los antiyanquis deberían plantearse en serio que su minusvalía no es responsabilidad del Gobierno de EE. UU., sino de sus políticas domésticas. La vieja escuela del “enemigo está fuera de las fronteras” debe sustituirse por la reconciliación de la izquierda latinoamericana con los derechos humanos propios y de todos. Es la única solución a los problemas acumulados en la región.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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