LA HABANA, Cuba.- Hasta ahora el discurso de los gobernantes cubanos, con énfasis a partir del advenimiento de Díaz-Canel a los primeros planos de la nomenclatura, insistía en la necesidad de producir en el país casi todo lo que se necesitara para el comercio. No importaba si el producto final era de mala calidad, o si los costos de producción resultaban excesivamente elevados. Lo esencial era evitar la importación.
De esa manera, y aunque no lo manifestaran de un modo explícito, el castrismo ignoraba la teoría de las Ventajas Comparativas, expuesta por el economista inglés David Ricardo en el ya lejano año 1817, y que en síntesis plantea que “un país debe especializarse en las actividades donde más ventajas tiene”, y cuyo corolario aconseja que debe importarse el resto de los bienes y servicios en los que resulta más costosa su producción nacional.
Una teoría que sentó las bases para la división internacional del trabajo, y le imprimió un gran impulso al comercio internacional.
En una reciente Mesa Redonda de la televisión cubana, la vice ministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, se refirió al impulso que su gobierno pretende darle a la actividad comercial, tanto mayorista como minorista, mediante el involucramiento de la inversión extranjera en esa actividad.
Y en ese entorno, al hablar acerca de las nuevas facultades que su organismo le confiere a los actores económicos no estatales (Mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia) en materia de comercio exterior, expresó que “se otorgará facultad de importación en los casos en que realizar directamente esta actividad permita concertar contratos ventajosos que contribuyan a obtener en la economía nacional bienes y servicios con mejores condiciones en términos de precios y otros”.
Aquí apreciamos un giro en la estrategia que hasta el presente mantenía la jerarquía castrista. De hecho, hay un tácito reconocimiento de lo ventajoso que resulta la importación cuando viene acompañada de condiciones que propicien bienes y servicios a mejores precios y mayor calidad.
Pero hay más, pues la medida anunciada establece la posibilidad de efectuar directamente la actividad de importación por los actores antes mencionados. Se sabe que hasta hoy toda la actividad de comercio exterior de dichos actores no estatales debía efectuarse por intermedio de empresas estatales de ese ministerio. Y he aquí otro reconocimiento de suma importancia. Este que certifica las ventajas que ofrece ─sobre todo en el factor tiempo─ el comercio exterior directo por parte de los productores, sin intermediarios que siempre obstaculizan la operación.
Sin embargo, estos reconocimientos implícitos chocan con el dogma político de la maquinaria del poder, que prefiere ver la economía estancada antes que perder el control que ejerce sobre la sociedad.
En la propia Mesa Redonda, la Vice Ministra Primera apuntó que “el monopolio estatal del comercio exterior comprende el control sobre esta actividad y la ejecución por entidades estatales de las operaciones de exportación e importación, y a ello no hemos renunciado ni renunciaremos”. Asimismo, la funcionaria dio a conocer la creación de más Mipymes estatales que sirvan de intermediarias en materia de comercio exterior para los actores económicos no estatales.
Es decir, que los gobernantes no están dispuestos a ceder en materia de liberalizar el comercio exterior. No importa si las evidencias indican que es la intromisión estatal, precisamente, el principal freno de esa actividad.
Este es solo uno de los múltiples ejemplos que se pudieran poner para mostrar cómo la burocracia, la corrupción y las ansias de poder de la cúpula gobernante le cierran el paso a la eficiencia económica.
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