LA HABANA, Cuba.- Temas como la inflación y la autonomía empresarial ocuparon buena parte de las discusiones en el más reciente encuentro de la cúpula del castrismo con los representantes de las empresas estatales socialistas.
Al referirse al segundo de esos temas, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, apuntó que “siempre hemos dicho que esa autonomía va acompañada de una preparación y mayor responsabilidad del colectivo laboral y de dirección, para que puedan manejar la empresa con razonabilidad”. Esa “razonabilidad” pudiera interpretarse como que las empresas no rompan totalmente el cordón umbilical que las ata al gobierno.
Esta vez, en lugar de centrar la atención en las empresas que presentan pérdidas en su gestión, los reunidos enfocaron su visión en 479 empresas estatales que, al cierre del mes de febrero, presentaron utilidades del 150% por encima de su plan. Hubo consenso en que, o se trata de entidades muy eficientes, o son empresas que se conformaron planes de producción o servicios demasiado complacientes, que después sobrecumplieron con facilidad.
En el caso de que hubiese en este grupo empresas realmente eficientes, se destaca el desdén del castrismo por el éxito individual que pueda obtener un ente productivo en el país. Porque ahora, en vez de alentar la eficiencia, los gobernantes maniobran para que esa gestión exitosa se diluya en el cuerpo colectivo, y que las utilidades no se reviertan en beneficio directo de los obreros que las crearon.
Claro que, en el fondo, los jerarcas del castrismo nunca han asimilado las enseñanzas que nos dejó el economista escocés Adam Smith, quien en 1776, en su obra La riqueza de las naciones, estableció que el interés y el éxito individual de cada productor debían ser valorados porque repercutirían en el progreso de toda la sociedad.
Pero examinemos las variantes de acción que propone el castrismo para las empresas que presenten “ganancias excesivas”. En primer término, que esas entidades rebajen voluntariamente los precios y tarifas de los productos o servicios que ofertan. Así se atenuará la inflación que hoy depreda el bolsillo de los cubanos.
Sin embargo, se pretende ignorar que la vía más eficaz para rebajar precios es mediante la competencia entre los productores, y no instándolos a que cobren menos y a la postre reduzcan sus niveles de ganancia.
Otra recomendación consiste en que las empresas aporten al presupuesto estatal una cifra superior al 50% de sus utilidades. O sea, que las empresas retengan a su nivel una utilidad inferior a lo que permiten las leyes del país. Así, de carambola, el castrismo aspira a reducir el déficit presupuestario que afronta la nación, y que para este 2022 se estima en casi 76 000 millones de pesos.
Y la última de las sugerencias del señor Alejandro Gil sobre el destino de las utilidades empresariales de seguro le gana la antipatía de todos los trabajadores cubanos. El vice primer ministro afirmó que “no pocas veces esas utilidades se distribuyen entre el colectivo laboral, y eso también presiona sobre la inflación, al inyectar más dinero a la calle”.
¡Increíble! Cuesta trabajo pensar que los colectivos obreros acepten de buena gana la no distribución entre ellos de las utilidades creadas por sus empresas, no obstante vincular ese despropósito con una hipotética disminución del proceso inflacionario.
Sería bueno conocer qué opina la “combativa” Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ante estos destinos que la maquinaria del poder pretende dar a las utilidades empresariales. Recomendaciones que a la postre mellan parte de la autonomía que se dice deben tener las empresas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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