LA HABANA, Cuba. – Cuando en 1968 la dictadura de Fidel Castro expropió los más de 50.000 pequeños y medianos negocios privados existentes en la Isla, una gran cantidad de esas actividades pasaron a ser ejercidas de manera clandestina, dada la imposibilidad del Estado de abarcar todos los rubros económicos y satisfacer todas las necesidades de la población. De modo que albañiles, plomeros, carpinteros, costureras, elaboradores de alimentos, y un sinnúmero de otros trabajadores autónomos imprescindibles en una sociedad continuaron ganándose la vida honradamente, solo que ahora fuera de la ley.
La actitud del régimen hacia el sector privado desde entonces ha sido una clara manifestación de la dialéctica artificial estalinista, pues va transitando de manera cíclica desde un período de total proscripción, seguido de otro de relativa permisividad, a continuación una convocatoria de legalización y poco después una ola represiva –de dimensiones más o menos devastadoras– contra este o aquel sector, y así sucesivamente.
Este sistema permite al Gobierno mantener a esos trabajadores sumidos en una perenne incertidumbre, y particularmente en la etapa de legalización puede además tenerlos ubicados y controlados, a la vez que se procura a través de los impuestos un ingreso monetario nada despreciable y, adicionalmente, se transmite la sensación de una aparente apertura.
Es así que en 1978, como parte de las medidas tomadas por el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), se autorizó por primera vez en una década el ejercicio del trabajo por cuenta propia de algunas actividades, para lo cual se emitió el Decreto-Ley 14. A partir de entonces el Gobierno ha autorizado la creación de más de un proyecto de desarrollo económico con la participación de trabajadores privados, en teoría para brindar servicios a la población, a la vez que contribuir a mejorar su situación económica y la del país.
Sin embargo, son tantas las trabas y limitantes impuestas por el Gobierno, que en la práctica los emprendedores privados se han visto más frenados que favorecidos, incluso no pocos han terminado perdiéndolo todo y en prisión. Y es que el poder económico que pudieran llegar a adquirir los trabajadores independientes ha sido una preocupación constante del régimen de La Habana. Por esa razón les impone obstáculos y restricciones que para colmo son aprovechados por los inspectores, siempre a la caza de posibles contravenciones para multar y extorsionar a los supuestos infractores.
No obstante, y pese al empeño de la cúpula gobernante, el sector privado no ha podido ser aniquilado. En 2013, por ejemplo, el trabajo por cuenta propia fue la opción elegida por muchos trabajadores que abandonaron sus empleos o fueron despedidos (según la dictadura “quedaron disponibles”) como resultado de las nuevas transformaciones económicas que por entonces aplicaba el régimen. Por cierto, valga destacar que aquellos más de 400.000 cubanos que solicitaron licencia para ejercer como independientes fueron obligados a sindicalizarse. De esa manera los precisa la dictadura a participar en actividades políticas y mostrarle su respaldo, al menos en público.
Hoy, en medio de la mayor crisis económica y de la hambruna que azota al pueblo cubano, la dictadura anuncia la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como parte de la Tarea Ordenamiento, sin dudas una decisión desesperada para tratar de rescatar la moribunda economía cubana. Así, en septiembre de 2021, mediante el Decreto-Ley No. 46, se aprobaron las primeras mipymes y comenzó en los medios oficiales la propaganda sobre esta nueva forma de comercio.
Algunos se dejaron confundir por esa intensa campaña mediática y pensaron que mejorarían las ofertas y los precios. Incluso no pocos se crearon falsas expectativas y apostaron por dedicarse a esta nueva forma de empresa privada como fuente de sustento. Desgraciadamente pronto pudimos constatar que estas en nada mejorarán la vida de los cubanos, por el contrario, cuando algunas empiecen a mostrar cierto desenvolvimiento económico y los comunistas se sientan amenazados, como en ocasiones anteriores, comenzará la cacería de brujas contra estos negocios, pues de lo que todos podemos estar seguros es de que el Gobierno solo dará libertades económicas a las mipymes –si acaso– mientras no pongan en peligro su sistema político.
Por cierto, las mipymes tampoco significaron una mejora en lo concerniente a la carestía de la vida. Dado que el sector estatal es incapaz de presentar una oferta válida en moneda nacional, la inflación continúa aumentando. Y si bien desde el mal llamado Ordenamiento los precios ya eran altos, tras la aparición de las mipymes han alcanzado niveles estratosféricos, máxime en ciertos artículos generalmente deficitarios de los cuales éstas han devenido, empero, abastecedoras de otros cuentapropistas que venden al por menor.
Hace unos días un vecino me decía: “Fui a comprar un bombillo LED que hace poco costaba 400 pesos y resulta que ahora cuesta 900, porque, según me dijo el vendedor, se los compra a una mipyme”.
Igualmente llama la atención la entrega a algunos de estos pequeños emprendimientos de locales estatales que al comenzar la actual crisis se encontraban activos, como por ejemplo algunos Sylvain.
Así pues, ya pocos son los que aún creen que las micro, pequeñas y medianas empresas nos van a sacar del atolladero en que está sumido el país. Además, al presenciar las prerrogativas de que disfruta un grupo de estos nuevos comercios ya muchos han comenzado a sospechar que detrás de ellos están los militares y los nuevos ricos del Gobierno con la colaboración de algunos procastristas que desde EE.UU. les sirven de testaferros y así burlan el embargo.
De cualquier manera, el cubano de a pie, ese que no puede vivir de su salario y mucho menos de una pensión, ese que cuenta los centavos para cubrir precariamente las necesidades fundamentales del mes, no se verá favorecido por las mipymes, pues no necesita más “zanahorias”. Necesita libertad.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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