LAS TUNAS, Cuba. — En apócrifa recordación a igual fecha de 1865, cuando, para obtener la licenciatura en Derecho, Ignacio Agramonte y Loynaz desarrolló su tesis —titulada Estudio bajo el punto de vista del principio racional, sobre el derecho reformado por Justiniano en comparación con el anterior de su época—, en Cuba se celebra el 8 de junio como Día del trabajador jurídico.
Digo que es apócrifa la recordación puesto que, salvo honrosísimas excepciones, en todo el archipiélago cubano los juristas, los operadores de las leyes y sus empleados todos se alejan del pensamiento jurídico de Ignacio Agramonte y en nada lo recuerdan cuando, cada día del año y no un solo día, forman parte del Estado y de su sistema de miedo.
En lo que Friedrich y Brzezinski llamaron “un sistema de terror, físico o psíquico, ejercitado a través del control del partido y la policía secreta” y que no fuera posible sin la participación directa de fiscales, jueces, legisladores, académicos y la connivencia por miedo, filiación política o conveniencias económicas de abogados y asesores jurídicos, en un escenario diseñado más para fingir justicia que para ejercitarla, vemos cotidianamente el panorama jurídico cubano, incumpliendo principios universales de derechos humanos.
Por otra parte, y en esta especie de saco, de bolsa en que, por conveniencias políticas y no por justicia social, el castrocomunismo abolió gremios y colegios y metió a todos por igual en el mismo talego, como si fueran organizaciones no gubernamentales y no dependencias del Estado, cabe preguntar… ¿Qué es un jurista? ¿Un jurista es un experto legal o un teórico del Derecho? ¿A un abogado que sólo escribe alegatos podemos llamarlo jurista?
Según conceptos universalmente aceptados, un jurista es un filósofo de la jurisprudencia, un escritor de temas legales, un académico, que estudia e investiga la teoría de la ley, su aplicación, sus consecuencias, por razones que, sí, deben mirar el papel coercitivo del Estado, pero, sobre todo, y de forma primordial, objetiva, no partidaria, desde el punto de vista jurídico-sociológico jamás debe descuidar cómo el sistema de leyes hace sana, cura a la nación toda. Y por sólo citar un ejemplo y sin necesidad de ser jurista, cualquiera sabe que una dictadura se asienta en una persona, en un clan, en un partido único, de la misma forma que los monopolios son la ruina del comercio.
Ciertamente, solemos llamar jurista a un abogado, pero, en esencia, y aunque sea muy ilustre abogado, en propiedad no es un jurista, a no ser que tal letrado, además de ejercer la defensa, la representación, la asistencia legal de personas o instituciones mediante pago o pro bono, ese abogado, desde un ángulo intelectual, estudie, analice, comente, piense en términos críticos sobre determinada ley. Dicho más simple: para asesorar o defender a un cliente, un abogado piensa, interpreta la ley en términos prácticos, en lo conceptuado por los códigos, mientras que, el quehacer, la obra del jurista, es el estudio y análisis de temas de jurisprudencia teórica, histórica, sociológica, de costumbres, tanto nacionales como de diversas regiones del mundo llevándolas a escala del país y, si necesario fuera, al ámbito local, siempre, con el propósito de producir o adaptar legislaciones respetuosas del derecho humano y de la biodiversidad. Dicho de otro modo, el jurista tiene —o debe tener— una especialización muy actualizada en la rama del árbol jurídico objeto de su estudio.
Y, cuando vamos a Agramonte, vemos que en su muy corta vida, su fibra de jurista nato, defensor de lo que ahora llamamos derechos humanos, ya se veía mucho antes de obtener la licenciatura en Derecho. Recordemos cuando siendo bachiller en Letras, preparándose para cursar la carrera de Leyes, como parte de un ejercicio de Derecho Administrativo, vislumbró lo que ahora padecemos los cubanos ante el silencio de “nuestros juristas”. Permítaseme citar in extenso cuando Ignacio Agramonte dijo:
“La centralización llevada hasta cierto grado es, por decirlo así, la anulación completa del individuo, es la senda del absolutismo; la descentralización absoluta conduce a la anarquía y al desorden. Necesario es que nos coloquemos entre estos dos extremos para hallar esa bien entendida descentralización que permite florecer la libertad a la par que el orden. La centralización hace desaparecer ese individualismo cuya conservación es necesaria a la sociedad. De allí al comunismo no hay más que un paso: se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la sociedad en su acción, destruyendo su libertad, sujetando a un reglamento sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas.”
Y así se encuentra hoy Cuba, sujeta a reglamentos, destruida su voluntad a fuerza de leyes que buscaron —y consiguieron— la anulación completa del individuo, según dijeron, por el bien de la “sociedad socialista”. Pero ahora Cuba es un antro de delincuentes, ladrones, asesinos y, por supuesto, dirigentes gubernamentales corruptos, elegidos entre ellos mismos, negadores del pan de los pobres cuando los desposeídos son su discurso. Luego, no ofendan la memoria de Ignacio Agramonte… ¡Celebren el día del jurista el día que Fidel Castro se hizo abogado!
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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