LA HABANA, Cuba. – Los precios topados de los productos agrícolas y los impuestos a las importaciones personales en la Aduana y a las ventas de garajes desaparecen temporalmente. El arrendamiento de vehículos y la oferta de servicios a clientes particulares por talleres estatales serán permitidos, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.68 del 30 de julio.
Siete meses y cientos de reuniones necesitó el Gobierno para comenzar a convencerse de que la hambruna acecha, más cuando no habrá dinero ni créditos externos para abastecer mínimamente los requerimientos de una dieta vital, artículos de primera necesidad y productos para activar la obsoleta industria estatal. Los turistas y las inversiones extranjeras tampoco llegarán en mucho tiempo.
Ya empiezan a caer algunas prohibiciones, aunque no se libera aún a los cubanos para desplegar sus capacidades e innovaciones en MIPYMES ni el ejercicio de las profesiones que insuflarían los deficitarios presupuestos nacional, provincial y local.
Los campesinos no plantaron, sino que se plantaron lánguidamente, agobiados por las prohibiciones y las novedades de la “Tarea Ordenamiento”, los bajos precios pagados por el Estado, los altos precios cobrados por los servicios e insumos imprescindibles más los precios topados a la baja para sus producciones, lo que les ha ocasionado pérdidas desde el 1 de enero de 2021. Las dificultades también han crecido por la carencia de combustible, fertilizantes, herbicidas y pienso, y por la urgencia de cosechar alimentos para los animales y empujar el arado con sus bueyes.
Mientras tanto, se mantienen la fracasada planificación centralizada y las vetustas estructuras para el férreo control sobre todas las actividades productivas y de servicio ―aunque se enuncie lo contrario― como el ineficiente sistema de Acopio y los precios topados que ocasionaron el desabastecimiento de los productos agropecuarios. Todo se complicó por las medidas de la Administración Trump mantenidas por el presidente Biden, la caída estrepitosa de las remesas y el turismo, y los gastos para afrontar la pandemia de COVID-19.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba emitió tres documentos, entre ellos la Resolución 320, que deroga los precios topados de Acopio y de las ventas mayoristas de los productos agropecuarios para consumo general, dietas médicas y sistema de atención a la familia”.
Sin embargo, a los campesinos les ha resultado difícil enfrentar los altos precios de los servicios e insumos imprescindibles para sus producciones, sobre todo por los precios topados en la comercialización y las tarifas del sistema de Acopio, así como por la obligatoria sujeción a las empresas estatales y cooperativas con pérdidas financieras y cuentas por pagar durante años.
Los guajiros con su lenguaje llano y cuidadoso han planteado los problemas agudizados por la “Tarea de Ordenamiento” desde enero pasado, secundados por algunos científicos y puntualmente por el gobernante cubano, que aparenta estar con las manos atadas por Acopio y otros mecanismos estatales. El exministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, sirvió como cabeza de turco, pero más allá de sus posibles limitaciones de capacidad personal, había seguido las ordenaciones de Fidel Castro y de José Ramón Machado Ventura.
Por otro lado, la Resolución 321/2021 exonera del pago del impuesto aduanero a las entidades autorizadas a prestar el servicio de importación de insumos y materias primas a las formas de gestión no estatales para el ejercicio de sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2021. Debe recordarse que la Resolución 309/21 de 15 de julio de 2021 dispuso autorizar la importación de alimentos, artículos de aseo y medicamentos por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago de aranceles de Aduana, excepcionalmente durante el mismo período.
En este contexto, también el ministro de Transporte emitió la Resolución 207/2021, que autoriza a las entidades estatales poseedoras de medios de transporte subutilizados a formalizar su arrendamiento a personas jurídicas para las transportaciones de pasajeros y cargas con sus fuerzas y recursos, y a personas naturales que presenten un proyecto de interés social o local del territorio.
Asimismo, la Resolución 209/2021 del mismo ministerio autoriza a las entidades estatales poseedoras de talleres a prestar servicios de mantenimiento y reparación a medios de transporte a personas jurídicas y naturales, así como el arrendamiento parcial o total de dichas instalaciones y su equipamiento técnico.
Estas laxitudes, después de decenios de severas restricciones, altos impuestos y proscripción de las ventas privadas para eliminar la competencia de mercancías de superior calidad y mejores precios evidencian la imposibilidad del Gobierno de Cuba de surtir el mercado estatal.
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