LA HABANA, Cuba. – A veces caemos en el error de equiparar a todos los gobiernos de mano dura que conculcan algunas o todas las libertades de la ciudadanía y, en consecuencia, podríamos estar inútilmente aguardando en todos los casos por una hipotética rectificación hacia los cánones de la democracia. La vida, sin embargo, se ha encargado de demostrarnos que los hechos no se comportan de esa manera.
Hay gobernantes que rompen el ritmo institucional de una nación, aplican una especie de golpe de Estado, derogan la constitución vigente y se encaraman en el poder con cualquier pretexto, que puede tener o no determinados visos de validez.
Mas, en el fondo, son gobernantes que comprenden que la situación creada por su accionar asume caracteres de provisionalidad y, por tanto, esperarían el momento que consideren más oportuno para, de un modo u otro, ir restableciendo los mecanismos de la democracia usurpada. Ellos, a menudo, son calificados como gobernantes autoritarios.
El general chileno Augusto Pinochet, a pesar del rigor con que hubo de gobernar para enderezar su nación tras el desastroso paso del socialista Salvador Allende por la presidencia del país, nunca concibió que su estancia en el poder fuese ilimitada. Por tal motivo, tras 17 años de mandato, accedió a darles la oportunidad a los chilenos de elegir la vuelta a un sistema democrático de gobierno.
Fulgencio Batista llegó ilegalmente al gobierno de la República en 1952 bajo el pretexto de que los gobernantes auténticos iban a poner en peligro las conquistas sociales alcanzadas por los cubanos mediante la Constitución de 1940. Nunca aspiró a eternizarse en el poder, como lo demuestra el hecho de que a fines de 1958, no obstante la tensa situación reinante en el país como resultado de la amenaza de las huestes de Fidel Castro, permitió la celebración de elecciones presidenciales y se comprometió a abandonar la presidencia. Es decir, que el 24 de febrero de 1959 Cuba habría tenido otro presidente elegido institucionalmente si los barbudos de la Sierra Maestra no hubiesen tomado las riendas de la nación.
Batista nunca suprimió todos los canales de participación de la sociedad civil. Se mantuvieron los órganos de prensa, cierto que en ocasiones con censura, y la empresa privada conservó toda su pujanza.
Existen otros gobiernos de mano dura, en cambio, que han llegado al poder y asumido que la historia se detiene. Sus gobiernos se conciben para siempre. Suprimen de cuajo todas las instituciones y crean ciertos mecanismos de gobierno que llevan al establecimiento de una pretendida institucionalidad revolucionaria. Se cortan los canales de participación de la auténtica sociedad civil y las organizaciones que se crean funcionan como meras correas de transmisión para el adoctrinamiento de las masas. Ese es el totalitarismo.
Los cubanos acabamos de presenciar cómo el régimen totalitario que padecemos impide el más mínimo accionar de la oposición. Mítines de repudio, turbas enardecidas rodeando las casas de los opositores y la más despiadada descalificación de los partidarios de un cambio hacia la democracia son la respuesta de unos gobernantes de corte totalitario.
Entonces la realidad indica que nunca se puede esperar el visto bueno de unos gobernantes hacia otros cubanos que también se sienten con el derecho de intervenir en los asuntos de su patria. Las manifestaciones opositoras han de realizarse de manera espontánea, sin aviso previo a las autoridades. Las salidas a las calles no esperadas por la maquinaria del poder, como las del pasado 11 de julio, parecen ser la vía más efectiva para hacer tambalear a este totalitarismo ya excesivamente prolongado.
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