LA HABANA, Cuba. – El Gobierno de Cuba está abrumado por los nefastos resultados de sus medidas económicas, pero se niega a emprender los cambios radicales imprescindibles con la apertura a la iniciativa privada en la agricultura y las empresas estatales, a excepción de las consideradas estratégicas, con amplio estímulo a las mipymes. Quizás falta consenso en su seno y teme demostrar debilidad; por tanto, recurre a la represión para acallar los reclamos de la población y las propuestas de la sociedad civil independiente acusada de instrumento de Estados Unidos. El turismo no despega.
El Consejo de Ministros efectuado el 26 de octubre fue definido como trascendental por los análisis y las decisiones sobre los temas de mayor relevancia para el país. Sin embargo, los medios oficiales solo enfatizaron el análisis “a camisa quitada” de las ilegalidades, el robo y los precios abusivos sin basamento económico alguno. El primer ministro, Manuel Marrero, presentó un plan integral y minucioso con más de 40 directivas generales ―aún no publicadas― para un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, con énfasis en la ejecución por las autoridades locales en los municipios y los barrios, reportaron los medios.
La escasez de oferta en las tiendas de venta en pesos y los agromercados estatales imponen a la población prolongadas colas que no permiten satisfacer sus elementales necesidades alimentarias y de aseo, con el resultado del acaparamiento por parte de personas que los revenden. Las redadas en los mercados agropecuarios no han evitado la constante elevación de los precios, pero podrían revivir el retraimiento de la oferta y el desestímulo al trabajo de los campesinos durante los meses de baja producción en curso, coincidiendo con la disminución de los suministros debido a los destrozos causados por el huracán Ian y las inundaciones.
La represión ha sido la alternativa desplegada ante el auge del descontento social por el galopante encarecimiento de la vida y la imposibilidad de actuar para crear el presente y el futuro de la nación. La libertad de expresión y asociación, además de otros derechos humanos, se solapan con delitos comunes de ventas ilícitas, robo, corrupción y alteración del orden público. La Constitución de 2019, en su artículo 4, establece que en Cuba el sistema socialista es irrevocable, y que los ciudadanos tienen el derecho de combatir con todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden público, social, político y económico establecido por esta Constitución. El Código Penal y otros instrumentos complementarios se han recrudecido, con el incremento de los delitos punibles con pena de muerte.
En el Consejo de Ministros, el vicepresidente Alejandro Gil debió informar sobre el comportamiento de la economía como cada mes. Sin embargo, la situación debe ser nefasta y carente de asidero, a juzgar por la amarga síntesis de que el turismo ha recibido solo 1 074 795 visitantes, con un estimado de 1 710 000 al término del año ―cifra inferior a los 2,5 millones proyectados en el Plan de la Economía―, y por la relevancia conferida a que las exportaciones de bienes crecieron un 108% en “rubros importantes” como miel de abejas, tabaco mecanizado, ron, langosta y níquel.
Dichas cantidades y valores son mínimos en comparación con las antiguas exportaciones de azúcar y otros productos, la necesidad de dinero para las importaciones y el pago de las deudas contraídas. Solamente el níquel tiene mayor peso, pero no ha podido beneficiarse del incremento de los precios en el mercado internacional por la caída de la producción, compensada por esos aumentos. La captura de langostas probablemente se reduzca debido al azote del huracán Ian sobre las instalaciones y barcos en la empresa de La Coloma, que aporta el 40% de las exportaciones de Cuba.
Asuntos fundamentales debieron haber sido la cuantificación de los daños y los programas para afrontar las consecuencias económicas de Ian en el Occidente del país, especialmente en Pinar del Río, productora del mejor tabaco, que perdió la mayor parte de las casas de secado, las hojas almacenadas, los locales de escogida y los aposentos de semillas imprescindibles para iniciar la siembra prevista para el 20 de octubre. En Pinar del Río, como en Artemisa, Mayabeque y La Habana, quedaron afectadas de manera parcial o total miles de viviendas; se perdieron equipos, cables, postes del tendido eléctrico y telefónico, caminos y puentes.
De forma simultánea se ha auxiliado a la población evacuada y comenzado la venta de materiales de la construcción; aunque la reposición de los bienes totalmente perdidos será a muy largo plazo por la inexistencia en las tiendas y el empobrecimiento de la población afectada. Las pérdidas en otras ramas y los costos para la reconstrucción, así como la disminución de todas las producciones por déficit de energía eléctrica, combustible, y materias primas, son factores que agravan la tensa situación.
El éxodo masivo vuelve a ser la solución, bajo hipócritas acusaciones de que es fomentado desde el Gobierno de Estados Unidos; mientras las autoridades esconden que los más de 200 000 cubanos llegados a ese país en el curso de un año complican al presidente Biden la difícil situación creada por los ciudadanos centroamericanos, mexicanos, haitianos y otros. Una vez más, ese es el remedio a la presión social y la garantía de remesas para el futuro.
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