MADRID, España.- El Gobierno cubano anunció esta semana nuevas regulaciones para la compraventa, importación y transmisión de propiedad de vehículos, en un contexto donde la crisis económica y la escasez de autos en el país son cada vez más graves. Entre los principales cambios se destaca la autorización para la compraventa de vehículos entre personas naturales y jurídicas, algo que hasta ahora estaba limitado, aunque la medida mantiene varias restricciones y altos costos asociados.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que, con las nuevas normativas, se permitirá la transferencia de vehículos entre personas naturales y jurídicas. Esto supone un cambio respecto a las restricciones anteriores, que solo permitían la transmisión entre personas naturales o entre personas jurídicas. Sin embargo, en el caso de entidades estatales o mixtas, cualquier transferencia a una persona natural requerirá la aprobación del Consejo de Ministros.
Se prohíbe, además, que entidades diplomáticas extranjeras vendan vehículos a personas naturales, manteniendo parte de las regulaciones restrictivas del pasado.
“Con las nuevas decisiones, se libera la transmisión de la propiedad entre todas las personas naturales y jurídicas. Solo acotar que, en el caso de las personas jurídicas estatales o con participación estatal, la transmisión de la propiedad a una persona natural requiere aprobación del Consejo de Ministros”, precisó el ministro.
Las nuevas medidas permiten a los ciudadanos adquirir vehículos en las comercializadoras estatales autorizadas, como IMPEXPORT y CIMEX S.A., utilizando moneda libremente convertible (MLC). No obstante, los precios de estos vehículos siguen siendo extremadamente elevados.
Según Rodríguez Dávila, los márgenes comerciales actuales en Cuba rondan entre el 350% y el 500%, lo que encarece de manera significativa el costo final. Un vehículo nuevo en el país puede costar entre 20.000 y 80.000 dólares, cifras que continúan siendo inaccesibles para la mayoría de la población.
Otra de las medidas anunciadas es la posibilidad de que los ciudadanos importen vehículos de manera personal, siempre que esto se realice a través de empresas estatales autorizadas. Esta opción, sin embargo, también está sujeta a altos costos de importación y elevados aranceles, lo que nuevamente limita el acceso de la mayoría de los ciudadanos a este tipo de transacciones.
Las autoridades explicaron que, en el caso de las personas jurídicas, el precio de venta es el costo de adquisición o de importación, más un margen comercial de hasta el 30%. Existe otro impuesto sobre la cantidad que se aplica a las clases moto, auto, auto rural y camioneta, de 100%, 150% y 200%.
La formación del precio de venta de un vehículo determinado, será el mismo tanto para las personas naturales y para las personas jurídicas. “Se forma a partir del costo de importación incluyendo los aranceles, más el margen comercial de la comercializadora que se disminuye de 30 a 20%, más un impuesto especial diferenciado que va desde 0 en el caso de un vehículo eléctrico que sea ensamblado en Cuba, hasta 35% en el caso de un vehículo de alta gama”, indica la información oficial.
A pesar de las nuevas regulaciones, que entrarán en vigor en octubre de 2024, la situación del transporte en Cuba sigue siendo crítica. El parque automotor del país está obsoleto, y el transporte público atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Las medidas anunciadas por el gobierno no parecen responder a la urgencia de modernizar el sistema de transporte ni a la necesidad de proporcionar alternativas viables para la población. Los precios elevados, las restricciones y los impuestos continúan siendo barreras insalvables para muchos.
